Ulises Forte, crítico con el gobierno nacional por el aumento de retenciones
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EL DIARIO digital
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El gobierno provincial salió a advertir que debe ser resguardada la "confidencialidad" del data room que el Ejecutivo pone a disposición del Legislativo respecto del área petrolera Medanito, en el marco de la discusión por una futura licitación.
El Ejecutivo dio explicaciones que sostienen la necesidad de esa confidencialidad y dijo, entre otras cosas, que "si se liberara esta información antes de tiempo, se debilitaría la posición negociadora del Estado provincial".
"La confidencialidad en los Data Room es una práctica global, ampliamente reconocida en la industria energética y minera, y un estándar de cumplimiento en gobiernos responsables. Su fundamento se basa en proteger los recursos públicos, asegurar la soberanía y garantizar procesos competitivos y transparentes, siempre priorizando el interés provincial y nacional", completó el oficialismo.
El gobernador Sergio Ziliotto anunció esta semana la apertura de esa documentación a diputados y diputadas. La Legislatura todavía mira de reojo la información.
Por las dudas, el gobierno recordó que esa información técnica y estratégica que se maneja en un Data Room -como estudios geológicos, perfiles de pozo, sísmica, historiales de producción- tiene un alto valor económico y competitivo. El data room no es público por definición y su uso se basa en la confianza controlada, insistió el oficialismo.
El gobierno de ZIliotto insistió: "La confidencialidad no es para 'ocultar' información a la ciudadanía: es para proteger el interés público".
Enumeró que los datos permiten estimar volúmenes de reservas, planes de inversión, costos operativos y potencial de rentabilidad. Y advirtió que el hecho de que una empresa que acceda sin control con un tiempo mayor al fijado por la licitación podría usar esa ventaja para ganar o negociar condiciones más favorables, "perjudicando al Estado".
Según el gobierno, conocer anticipadamente la calidad de los reservorios o el potencial productivo permite preparar estrategias comerciales, financieras y tecnológicas específicas.
El Ejecutivo también recordó que en Argentina, la Constitución Nacional (artículo 124) reconoce que las provincias son propietarias de los recursos naturales, y tienen la facultad de administrarlos con cuidado y autonomía.
El Código Penal (artículos 156 y 157) sanciona la revelación de secretos que una persona conozca por razón de su empleo o función, cuando su divulgación cause perjuicio.
La Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) excluye expresamente de divulgación los secretos industriales, comerciales y estratégicos cuya difusión pueda afectar el interés público.
Si se liberara esta información antes de tiempo se debilitaría la posición negociadora del Estado provincial; se podría desvalorizar el activo público; se pondría en riesgo la competitividad y la transparencia de futuras licitaciones.
