INTA La Pampa denuncia vaciamiento, riesgo de despidos y cierre de laboratorios
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EL DIARIO digital
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La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó este lunes dos proyectos de resolución en los que solicita al Poder Ejecutivo pampeano información clave sobre el manejo de las áreas hidrocarburíferas operadas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) y Pampetrol S.A.P.E.M, con especial atención en el yacimiento "El Medanito".
Uno de los pedidos, dirigido a la Secretaría de Energía y Minería, reclama datos precisos sobre eventuales intimaciones, sanciones o apercibimientos por parte del Gobierno provincial frente al posible incumplimiento de las inversiones comprometidas por la UTE en el contrato vigente. Además, exige conocer si se han respetado los plazos, montos y acciones establecidos en la renegociación aprobada por la Ley Provincial N° 2830.
El segundo proyecto está dirigido a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y apunta a esclarecer si ocurrieron incidentes ambientales en las áreas adjudicadas, así como las medidas adoptadas en cada caso.
Las zonas involucradas incluyen los bloques "Jagüel de los Machos", "25 de Mayo – Medanito Sudoeste", "Gobernador Ayala V" y "El Medanito", esta última señalada por la legisladora como crítica tanto por su nivel de explotación como por su sensibilidad ambiental.
"Es imprescindible que esta Cámara de Diputados conozca el grado de cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, para garantizar la defensa del patrimonio pampeano y de los derechos ambientales de nuestra población", sostuvo Cuadrado.
La diputada también adelantó que en la próxima sesión se debatirá otro proyecto relacionado: un pedido de informe sobre los pasivos ambientales acumulados en todo el territorio provincial. Esta iniciativa solicita conocer el estado actualizado del Registro de Pozos, los informes de incidentes, sanciones aplicadas a empresas y el informe ambiental final de El Medanito, requerido por resolución conjunta en febrero.
"Estamos hablando de un tema profundamente estratégico: la protección de nuestros recursos naturales, el control de los compromisos empresariales, y la responsabilidad del Estado como garante del bienestar ambiental presente y futuro", concluyó.
