Demora en la legislatura pone en jaque la concesión de El Medanito

Con más de dos años de anticipación, el Gobierno de La Pampa puso en marcha un meticuloso proceso para licitar el área hidrocarburífera El Medanito, responsable del 34% del petróleo extraído en la provincia. Lo hizo con el objetivo de evitar la caída de la actividad, el empleo y las regalías, ante el vencimiento del contrato de concesión con Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), previsto para junio de 2026. Sin embargo, las dilaciones impulsadas en su mayoría por el bloque de la UCR, amenazan con hacer fracasar esa previsión y dejar a la provincia sin contrato vigente cuando caduque el actual.

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, lo dejó en claro el pasado 17 de marzo, durante una extensa exposición en un plenario de comisiones legislativas. Presentó una línea de tiempo que marca que, en el mejor escenario posible, una licitación de esta envergadura demanda al menos seis meses. Advirtió que si la ley se aprobaba en ese momento (marzo), el proceso completo permitiría firmar un nuevo contrato hacia octubre de 2025. Pero si el tratamiento se posterga y recién se aprueba en julio o agosto, como plantea la oposición, el contrato se firmaría a comienzos de 2026, a solo meses del vencimiento de la concesión actual.

A medida que se acumulan los retrasos parlamentarios, el margen se achica peligrosamente.

Proceso anticipado

El Ejecutivo inició el proceso en marzo de 2024, cuando el gobernador Sergio Ziliotto convocó a una Mesa de Trabajo integrada por sectores políticos, técnicos, institucionales y empresariales. Luego, en noviembre de ese año, envió el proyecto de ley a la Legislatura para autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional.

La iniciativa fue diseñada con estándares de transparencia y calidad institucional, prevé un "data room" técnico para facilitar información a los oferentes, y contempla la participación legislativa en la definición del porcentaje de regalías y las condiciones del pliego. Además, el Gobierno incorporó propuestas de la oposición en la redacción final del proyecto, como la contratación de la consultora que realizará el "data room" previo al llamado licitatorio.

A pesar de ello, la oposición radical, a la que se sumó un sector del PRO, se negó a tratar la ley en diciembre, frenó el debate en marzo y sigue exigiendo que primero se concluya el "data room" antes de votar la norma, una secuencia que, según el Ejecutivo, no solo es improcedente, sino que compromete los tiempos.

Ya estaba disponible

Durante la reunión del 17 de marzo, Toso aseguró que el informe de factibilidad técnica realizado por la consultora Geo Innovar, entregado en 2024 a los legisladores, es más idóneo para establecer las condiciones de borde de la licitación que un "data room", cuya función es brindar información a las empresas interesadas en participar del proceso. "Para votar la ley, el informe técnico es mejor que un data room", sostuvo. "El data room les sirve a las empresas, no a ustedes".

El funcionario también remarcó que la oposición cuenta con representación en Pampetrol SAPEM y tuvo acceso permanente a la información a través de la Mesa de Trabajo convocada por el Ejecutivo.

Responsabilidades políticas

El bloque radical, encabezado por Hipólito Altolaguirre, rechazó el tratamiento inmediato del proyecto de ley que habilita la licitación del área El Medanito y, desde diciembre pasado, sostiene que "no hay apuro". Exige que primero se realice el data room y recién después se apruebe la normativa.

Incluso cuando el Poder Ejecutivo aceptó incluir en el texto normativo la contratación del estudio técnico, la UCR mantuvo su postura. En marzo de este año volvió a frenar el avance del proyecto, reiterando que no aprobará "cheques en blanco" y acusando al oficialismo de querer "licitar sin información adecuada".

Sin embargo, los propios plazos presentados por los equipos técnicos del Ejecutivo –y reconocidos por legisladores en la comisión a la que asistió el secretario de Energía, Matías Toso– muestran que ya se ingresó en una etapa crítica.

La intransigencia radical llevó al oficialismo a intentar acordar con el PRO, que conduce Laura Trapaglia. Sin embargo, el proyecto aún no se trata porque la discusión también gira en torno al porcentaje de regalías que deberá pagar el nuevo concesionario. El Ejecutivo ya dejó en claro que ese porcentaje debe ser definido por los diputados y que, con ese dato, se llamará a la licitación. Para aprobar la ley se requieren dos tercios de los votos, es decir, 21 diputados. El oficialismo cuenta con 15.

Actualmente, la empresa PCR paga un 35%. El estudio de Geo Innovar recomienda establecer un 15%. Un sector del oficialismo, los vernistas, sostiene que no debe ser menor al 20% y no está dispuesto a ceder. El PRO, en cambio, propone que las empresas puedan ofertar libremente: 20%, menos del 20% o más.

Mientras no se logra un acuerdo, la dilación legislativa ya le está costando a la provincia millones en producción, regalías y puestos de trabajo.