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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – Fiscalía y Defensa presentaron ayer un acuerdo de juicio abreviado en el marco del expediente donde se investigó a un empleado municipal que entregó tarjetas SUBE destinadas a personas con discapacidad a familiares y amigos suyos que no era discapacitados ni contaban con certificado. El arreglo alcanzado establece pena de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Marcelo Alberto Martín reconoció haber entregado 22 tarjetas SUBE a personas que conocía, haciéndolas pasar por personas con discapacidad, para que viajasen gratis por el término de un año.
La confesión se planteó este martes ante la jueza de Control Ana Laura Ruffini, quien recibió el acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal adjunto Matías Juan y el abogado particular Martín Herrero Galvagno.
El referido convenio establece una pena de dos años de prisión en suspenso, al no contar con antecedentes penales, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en cualquier nivel del Estado, como autor y responsable del delito de "fraude a la administración pública".
"Se trató de un accionar delictivo e inescrupuloso. El imputado reconoció haber emitido las tarjetas sin los certificados correspondientes, asumiendo toda la responsabilidad", explicó el fiscal Juan, quien además aclaró que por el momento las 22 personas que usaron las SUBE de manera irregular no están siendo investigadas, aunque no se descarta que pudieran llegar a ser citadas si se les comprobase algún grado de participación en el delito.
La causa
Cabe recordar que la denuncia la presentó a mediados del año 2023 el director municipal de Transporte Urbano, Gustavo Bernardini, luego de que una de las personas que habían recibido las SUBE sin ser discapacitadas se presentara en las oficinas de la Terminal de Ómnibus a renovar el beneficio y, ante la ausencia de Martín, fuera atendida por otro empleado.
Tras el descubrimiento de la maniobra, se detectó que el trabajador infiel, como responsable a cargo de administración y expendio de las SUBE, entre marzo de 2022 y junio de 2023 emitió 22 tarjetas que entregó a familiares, amigos y allegados para que utilizasen gratuitamente el transporte público como beneficiarias del subsidio de discapacidad, aunque no contaban con el certificado oficial que acreditara tal condición.
La Justicia no pudo determinar si con esa entrega obtuvo algún rédito económico, de hecho, se cree que lo hacía a modo de "favor", aunque ocasionó un perjuicio superior al millón de pesos al municipio local por tratarse de pasajes subsidiados.
La sentencia de la jueza de Control Ana Ruffini se conocerá el próximo 2 de julio.
En paralelo con la investigación judicial, la Municipalidad inició un sumario interno donde aguarda la resolución del expediente penal que, con el fallo condenatorio firme, dará lugar a la exoneración y despido con causa del empleado municipal.
