Ravier, el fenómeno libertario consolida su base en La Pampa
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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) – La Justicia Penal de La Pampa y la Justicia Federal no se ponen de acuerdo en quién debe investigar el caso de las estafas millonarias de General Pico, por lo que el expediente llegará a la Corte Suprema de Justicia para que allí se determine la competencia, justicia ordinaria o federal. Mientras tanto, todos los imputados están en libertad y uno de ellos se fue a otra provincia.
En el mes de mayo explotó el caso de las estafas de Market Capital en la ciudad norteña, tras semanas de rumores sobre decenas de damnificados por una financiera con tres locales en el centro. A partir de la primera denuncia, siguieron varias en catarata hasta llegar a una suma de 23 millones de pesos y 650 mil dólares, aunque se cree que la cifra representa solo una parte de los damnificados.
El 11 de mayo en los Tribunales de Pico fueron formalizados Federico Domínguez Chap (25), Juan Pablo Heim (40) y José Alberto Chap (29), mientras se liberó captura contra Franco Hernández (25), considerado el "CEO" de la financiera, que se mantuvo prófugo casi un mes y fue detenido en Buenos Aires.
Con todos los involucrados con prisión preventiva, el fiscal general Armando Agüero avanzó poco más en la pesquisa, hasta que el juez de Control, Diego Ambrogetti, consideró que la investigación debía continuar en la Justicia Federal.
Fundamentos
El fiscal general de Pico explicó los motivos que motivaron remitir el caso a la Justicia Federal, al entender que, detrás de la estafa que dio inicio a la investigación, existen otros delitos de orden federal. "La maniobra suponía evasión, lavado de dinero, lavado de activos, y existió una intermediación financiera que son todas materias controladas por el estado nacional, porque en el fondo tiene una cuestión recaudatoria", señaló Agüero.
Y remarcó "cuando empezamos a investigar, advertimos que había cosas que las tiene que investigar un fiscal y juez federal, no podemos trabajar con esto porque no es competencia nuestra. Como fiscales provinciales intervenimos en investigaciones que afectan a particulares no al estado nacional", recordó.
Desde la Justicia Federal de La Pampa admitieron que podrían existir delitos del orden federal, pero al mismo tiempo coincidieron que tales circunstancias no estaban aun debidamente acreditadas, por lo que regresaron el expediente y pidieron que se siga con la investigación en los Tribunales de Pico.
Pausa y libertad
Con el legajo nuevamente en la ciudad norteña, el juez Ambrogetti ratificó su postura y ratificó la contienda negativa. En una audiencia que tuvo lugar el pasado martes, decidió remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia. Los plazos para esta decisión se desconocen, pero ya se sabe que la CSJ maneja tiempos más largos que la justicia pampeana, por lo que se esperan algunos meses del legajo en pausa.
Mientras tanto, todos los imputados en la causa seguirán el proceso en libertad. Tres de ellos deben presentarse semanalmente en Tribunales para firmar, mientras que el joven sindicado como uno de los organizadores de las maniobras fraudulentas, Franco Hernández, pidió el cambio de domicilio y se fue a vivir con su madre en la provincia de Mendoza, según indicaron desde Tribunales.
Hernández ya había hecho público su temor por posibles represalias de sus acreedores, algunos de ellos ya lo habían amenazado, por lo que habría decidido alejarse de General Pico.
