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Bronca en Tribunales por leyes que no se aplican por falta de recursos

El STJ prestó su personal durante un año para atender específicamente los casos que involucran a menores. Ahora, por la no asignación de partidas, todo quedó en la nada. El fiscal Armando Agüero (foto) reclamó "discutir seriamente la cuestión de los menores". 

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EL DIARIO digital

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General Pico (Agencia) – Los agentes y funcionarios del ámbito penal no ocultan por estas horas la molestia por el desmantelamiento de una ley provincial que se aprobó con bombos y platillos pero luego de un año de funcionamiento de manera provisoria todo quedó en la nada. Por falta de asignación de recursos, se disolvió el flamante "Procedimiento Penal para Adolescentes".

El homicidio ocurrido en la localidad de Quemú Quemú, donde se imputó a tres menores y hay un cuarto inimputable, fue el caso que encendió la mecha de una bronca acumulada desde hace algunas semanas en parte del personal que trabaja en la Justicia Penal. Y fue el fiscal general Armando Agüero quien salió a exponer la situación que vuelve a cargar de más trabajo a las Fiscalías Temáticas con casos de menores involucrados. El jefe de fiscales tuvo duros conceptos hacia los legisladores que aprueban grandes leyes a las que luego no se les asignan partidas.

La Ley Provincial 3353, que planteó un nuevo "Procedimiento Penal para Adolescentes" orientado a atender casos de delitos cometidos por jóvenes de 16 y 17 años de edad y estableció normas especiales de abordaje para los menores inimputables, entró en vigencia el 1 de agosto de 2023. Tras un año de funcionamiento provisorio, toda la estructura desapareció.

Ocurrió que durante el término de un año, y mientras la Cámara de Diputados de la Provincia definía la cuestión presupuestaria de la nueva estructura, el Superior Tribunal de Justicia prestó el recurso humano a las distintas jurisdicciones para que se comience a trabajar con la nueva metodología.

El plazo venció el pasado 1 de agosto y, según entienden desde la Justicia Penal, el expediente quedó en un cajón de la Cámara de Diputados sin que se generen los recursos para el funcionamiento de la ley, por lo que el Superior Tribunal de Justicia recuperó a todo su personal y el procurador general, Alberto Bongianino, disolvió en toda la provincia la temática de delitos de adolescentes al no contar con estructura ni fondos para implementarla.

En General Pico, la aplicación provisoria de la fallida ley representó que durante un año las funcionarias Emilia Buffone y Celeste Pierini, ambas secretarias penales de los Juzgados de Familia 1 y 2 de la misma ciudad, pasaran durante los últimos doce meses a desempeñarse en la Fiscalía Temática de Adolescentes junto a dos trabajadores por cada funcionaria para abordar esos casos. Esto descomprimió la labor de todas las demás Fiscalías Temáticas, que derivaban a los menores involucrados a la nueva estructura.

Ante la disolución por parte de Procuración, en Pico solo quedó Emilia Buffone, sin colaboradores, que trabaja como fiscal adjunta de menores a disposición de los fiscales titulares de todas las temáticas. Esto fue posible porque en paralelo se creó en la ciudad norteña el Juzgado de Familia y el Menor Nº 3, pero las estructuras provisorias que funcionaron por un año desaparecieron en otras jurisdicciones como Santa Rosa y General Acha.

Ahora, cada causa donde un menor esté involucrado lo va a tomar el fiscal que le corresponda por temática: si robó va a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, que atiende los casos de adultos mayores, o si mató lo atenderá el fiscal de Delitos contra las Personas.

El fiscal general salió a plantear una discusión "seria", en este caso con el abordaje de los menores que cometen delitos, y castigó al ámbito legislativo, que en muchas oportunidades se embarca en grandes proyectos de leyes que, una vez aprobadas, en muchos casos naufragan por falta de recursos para las nuevas estructuras que plantean en dichos proyectos, o directamente por ser inaplicables en la práctica.

Agüero explicó que "el menor tiene mucho delito contra la propiedad, pero estos temas hay que atenderlos porque si no llegan a grandes y se convierten en problemas mayores. El que andaba vendiendo un porro de marihuana termina siendo un comercializador de estupefacientes de otro vuelo, y el que andaba haciéndose el gallo, termina atemorizando a todo el barrio".

Y reclamó: "Hay que discutir seriamente la cuestión de los menores, acá en Argentina hay discusiones que se dan en momentos de compulsión legislativa, vos tenés un problema y salen todos a ponerse el traje de capitán y hacen un montón de leyes que después son inaplicables, o no sirven para nada, porque no se generan los recursos para que esas leyes se apliquen".

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