Denuncian el despojo del Atuel en la CIDH

La Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez elaboraron una demanda por el despojo del Atuel que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es así porque se agotaron las instancias en el país, ante la omisión de la Corte de hacer cumplir el fallo que ordenó la suelta de un caudal mínimo a Mendoza. La consultora aconsejó que la presentación la realicen las ONG ambientalistas y la población afectada por el corte del río.

Este martes, en el salón del Consejo Superior de la UNLPam, el rector Oscar Alpa junto con el abogado Andrés Gil Domínguez, entregaron al gobernador Sergio Ziliotto el informe final de un trabajo enfocado en la lucha judicial de la provincia por el corte del río Atuel. Se trata de un trabajo que se realizó en el marco de un convenio entre la Universidad de La Pampa y el Gobierno provincial, a través de la Consultora de la UNLPam.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959.

"Estamos llevando adelante este paso más, teníamos la obligación de salir del ámbito de nuestro país e ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sabemos si alguna vez en la historia una provincia estuvo en rebeldía ante una sentencia de la Corte por más de cuatro años y eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer esto", dijo el gobernador Sergio Ziliotto durante el acto.

"No podemos detener nuestra lucha", añadió el gobernador, para repetir que la aprobación del RIGI pone en riesgo aún más  el recurso, porque avasalla las competencias provinciales de la disposición libre de nuestros recursos naturales", añadió.

Propuesta para seguir la lucha

El convenio entre el gobierno y la UNLPam estableció  que la casa de estudios evaluara y propusiera a la Provincia alternativas para acudir ante los organismos respectivos tanto en el plano nacional como interamericano o internacional. El objetivo es "efectivizar los derechos reconocidos" en la sentencia dictada en 2020 a partir de la demanda de La Pampa contra Mendoza por el uso de los ríos interprovinciales. 

Gil Domínguez, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, fue el coordinador general del equipo de trabajo, integrado además por una docente, una graduada y dos estudiantes de esa unidad académica. Cuando se rubricó el acuerdo, en marzo de este año, se estableció que la UNLPam aportaría a la Fiscalía de Estado alternativas nacionales, interamericanas o internacionales con vistas a hacer efectivos los derechos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vías agotadas

Entre  las conclusiones de la consultora, en una primera etapa, "el equipo de trabajo realizó un análisis pormenorizado de la normativa de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía institucional y de las interpretaciones convencionales referidas por el órgano de control en torno a la protección de ambiente como derecho humano".

"La conclusión a la que se arribó fue que el sistema de protección convencional de derechos humanos regional era el que más había desarrollado la temática, habilitando la posibilidad de realizar denuncias o peticiones en la Comisión Internacional de Derechos Humanos", señaló el informe al que accdió El Diario.

En la segunda etapa, el equipo de trabajo estudió exhaustivamente la tramitación de la causa La Pampa, provincia contra Mendoza, provincia por usos del agua, ante la competencia originaria dirimente de la Corte Suprema. "En la tramitación de la mencionada causa se agotaron los recursos de jurisdicción interna, se obtuvo una sentencia favorable para la provincia de La Pampa y en la etapa de ejecución de la sentencia se verificó que se continuaba la violación del derecho al ambiente ante la omisión de la corte de agotar medidas de cumplimiento concreto y útiles".

Dónde y quién reclama

Finalmente, en una tercera etapa, el equipo de trabajo entrevistó especialistas en derechos humanos provenientes del ámbito académico y del litigio transnacional con el objeto de analizar tres cuestiones, denunciantes, víctimas, y novedad del planteo.

"La conclusión a la que se arribó fue que una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en los términos expuestos constituiría el primer caso en la historia del sistema de protección convencional de derechos humanos regional y que se verificaban los presupuestos mismos para su interposición", indicó el informe.

También en el ámbito de las conclusiones se ponderó que los denunciantes deberían ser organizaciones no gubernamentales provinciales de reconocida trayectoria y que como víctimas debía presentarse a todo el pueblo pampeano en virtud de ser el ambiente un derecho colectivo indivisible que pertenece a la esfera social.