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EL DIARIO digital
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El camarista federal Pablo Díaz Lacava sumó un nuevo revés en uno de sus planteos de nulidad en la causa que enfrenta por amenazas, violencia y maltrato laboral, luego de que la Cámara de Bahía Blanca confirmara el rechazo al pedido de nulidad de las 25 testimoniales que hay en el expediente.
El magistrado, que enfrenta un juicio político a partir de la denuncia, adujo un tecnicismo: en su planteo expresó que en ninguna de las declaraciones recibidas, la fiscalía hizo mención a los declarantes del "medio omisivo de la norma", es decir que podrían ser pasibles de ser perseguidos por el delito previsto en el artículo 275 del Código Penal en caso de no decir la verdad. Según planteó su defensa, por este motivo habría testigos que omitieron decir la verdad.
Esto ya había sido rechazado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric. La Cámara bahiense, ante la apelación del acusado, confirmó esa decisión.
"La imputación está avalada por testimonios obtenidos al margen de la ley procesal, que deben ser sancionados con nulidad ya que tales incumplimientos afectan garantías de rango constitucional", dijo la defensa.
Argumentos
La resolución, a la que accedió El Diario, está fechada este viernes 5 de julio y lleva las firmas de Silvia Mónica Fariña y Pablo Candisano Mera.
"La lectura de las actas de declaración testimonial y el cotejo de las video filmaciones de las referenciadas testimoniales, todas las que, conforme fuera expuesto, obran en el expediente principal, surge que, si bien no le fue leído textualmente el contenido del artículo 275 del Código Penal, cada uno de los testigos fue instruido adecuadamente en consideración a las diferentes funciones judiciales que cada uno desempeña habiéndoseles enunciado las generales de la ley y seguidamente recibidos los testimonios bajo juramento de decir verdad, informándoseles que podrían incurrir en las penalidades que implican el callar la verdad de todo cuanto supieren y les fuere preguntado", remarcaron los jueces.
También advirtieron que la asistencia técnica del imputado "participó de los actos cuestionados y no objetó en dicha oportunidad el modo en que fue celebrada cada una de las audiencias por parte de la Fiscalía".
Además, aclararon que en caso de existir ese incumplimiento "no lo invalida porque la ley no sanciona de tal modo la omisión y que, por sí sólo, no perjudica su eficacia probatoria".
"Es inadmisible la declaración de nulidad por la nulidad misma, ya que la base de toda declaración de invalidez es la demostración indispensable de un interés jurídico concreto; debe mediar un perjuicio efectivo que justifique el nacimiento de ese interés jurídico en su pronunciamiento porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un exceso ritual incompatible con el buen servicio de justicia", puntualizaron Fariña y Candisano Mera.
Causa
Más allá de estos planteos de Díaz Lacava, el Consejo de la Magistratura siguió adelante con las actuaciones y a fines de la semana pasada completó las declaraciones en el proceso de juicio político.
El presidente de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, fue quien tomó declaraciones en Santa Rosa.
Además de la causa penal que investiga el juez federal Juan José Baric, el Consejo también inició actuaciones para determinar si existieron irregularidades que hagan necesaria la destitución de Díaz Lacava. En este trámite, defiende al juez denunciado el abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, que estuvo presente en las declaraciones.
En el expediente iniciado contra el juez se lo acusa de maltrato laboral e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre las personas que declararon estuvieron los cuatro querellantes: Ignacio Rodríguez Berdier, secretario de Cámara; la secretaria de Derechos Humanos, Alina Trento; y el secretario de Ejecución Penal, Ricardo Sequeira González; y Norma Martínez.
Díaz Lacava fue indagado en el mismo procedimiento, y luego se presentó en el tribunal junto a su defensor, Andrés Gil Domínguez, a pesar de que tiene una restricción de acercamiento vigente. En cada una de las jornadas observó las declaraciones por TV, en su despacho.