Archivaron la causa judicial por el derrumbe del techo de la CPE

El fiscal Facundo Bon Dergham archivó la denuncia penal contra las autoridades de la Cooperativa Popular de Electricidad que fueron investigadas por el derrumbe del techo de la sede central la mañana del domingo 1 de enero del año pasado.

La justicia había iniciado una investigación de oficio. Pero tres socios, exempleados, Hugo Zalabardo, Manolo Otero y Darío Diéguez, también hicieron una presentación para que se investiguen responsabilidades penales. Ahora fue archivada: solo podría reabrirse si se aportan nuevas pruebas.

Después de más de un año de investigación, el pasado 17 de abril el fiscal dispuso el pase a archivo, por no encontrar pruebas contundentes contra los eventuales implicados. La causa quedó archivada y puede reactivarse de presentarse nuevos aportes. La resolución, a la que accedió El Diario, no había trascendido hasta ahora.

"No resulta posible determinar si los imputados con su conducta, ya sea por acción u omisión, provocaron el estrago denunciado, no advirtiendo durante la investigación un nexo de causalidad suficiente o relación directa entre la posible violación al deber de cuidado atribuida, y el resultado del colapso verificado en dicho edificio", escribió el fiscal en una resolución de cuatro hojas.

"Razón por la cual, ante la imposibilidad de reunir elementos de pruebas de convicción suficientes que permitan establecer que el hecho denunciado  constituyera el delito de estrago  como así también que ese hecho delictivo denunciado haya sido provocado por la responsabilidad penal de Alfredo Carrascal, Daniel Pedernera, Javier Rojas y Fernando Luis Usero, es que se procede al archivo", completó.

Las causas del colapso

El fiscal detalló que se incorporó a la investigación un informe técnico de evaluación de la estructura que sufriera el colapso ocurrido, que fue elaborado por la firma "ENGIneering Asociados", a cargo de los Ingenieros Civiles Julián Cinquemani y Enrique Adolfo GIL. La evaluación tuvo por objeto establecer "la capacidad portante original de la loza", "las posibles causas de su derrumbe", y "los posibles daños de su estructura lindante". 

"Los expertos determinaron, luego de hacer un análisis técnico detallado, que el colapso de la losa tuvo como posibles causas las siguientes: 1) Error de diseño inicial; 2) Agregación de cargas no contempladas en su diseño original; 3) Alambres de tensados afectados por la corrosión; y 4) Cubierta con impermeabilización deficiente. Presumiendo los ingenieros, que el factor desencadenante del colapso, fue la fuerte lluvia, que precedió al evento", cita la resolución.

El fiscal Bon Dergham advirtió en su fallo que el informe abre "en lo que respecta a la investigación, un período temporal muy extenso entre las causales que determinaron el colapso, ya que, desde el posible error en el diseño original de la loza, hasta el colapso mismo, transcurrieron al menos 50 años. Igual, situación pasa con las restantes modificaciones o agregados realizados sobre la misma".

La investigación se llevó a cabo bajo la hipótesis de un delito caratulado como estrago doloso. Se investigó si hubo una conducta imprudente o negligente o antirreglamentaria por parte de las autoridades de la CPE. Y si existió nexo causal directo entre esa conducta y la omisión y el resultado final. 

Las áreas involucradas en la investigación fueron la presidencia del Consejo de Administración, ejercida en ese momento por Alfredo Carrascal; la del gerente general, Luis Usero; la gerencia de Recursos Humanos, de Javier Rojas; y la sindicatura de Raúl Pedernera. El exgerente Ariel Martínez ocupó ese cargo hasta fines del año anterior, cuando se jubiló.