Palazzani acusa a exfuncionarios judiciales por delitos durante la dictadura

El Tribunal Oral Federal de Neuquén dio inicio este viernes al juicio en el que aparecen sentados en el banquillo de acusados el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz: llegaron a esta instancia imputados por su actuación en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

En el juicio interviene la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de esa jurisdicción, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, reconocido en La Pampa a partir de que fue abogado querellante en el primero de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, en el año 2010. Palazzani también fue cara visible del Ministerio Público Fiscal en los juicios por delitos de lesa humanidad que se hicieron en Bahía Blanca.

Está previsto que el debate en Neuquén continúe el 3 y el 17 de noviembre, y el 4 y el 15 de diciembre.

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquél órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

La fiscalía acusó a los exmagistrados por haber efectuado, en sus roles de juez y de fiscal federal, "aportes para la ejecución" de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución fundada en motivos políticos y desaparición forzada o exterminio de personas cometidos por las fuerzas armadas y por las fuerzas policiales en el contexto del plan criminal desplegado durante la dictadura.

Según las acusaciones formuladas por el mismo fiscal Palazzani -que se leyeron en la apertura del debate-, las distintas formas de intervención de Duarte y Ortiz "implicaron el incumplimiento de los deberes propios de funcionarios públicos", pues "habiendo tenido la obligación de brindar protección a las víctimas ante el menoscabo de sus derechos humanos", omitieron "promover la persecución y la represión de los ilícitos que le fueran denunciados, justificando en muchos casos tales delitos a través de resoluciones basadas en hechos falsos, como así también con posterioridad a ello, mediante un accionar ulterior, simplemente dirigido a garantizar la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad".

Las víctimas

El juicio es el primero a exfuncionarios judiciales en esa región. Abordará la actuación de los exmagistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas Orlando Cancio; Milton Gómez; Teresa Oliva; Enrique Esteban; José Delineo Méndez; Susana Mujica; Darío Altomaro; Alicia Pifarre; Josefa Leppori de Mujica; Miguel Ángel Pincheira; Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio; Raúl Esteban Radonich; Oscar Alfredo Ragni; Arlene Seguel; Carlos Chaves; César Dante Giliberto; Mirta Felisa Tronelli; Cecilia Vecchi; Lucio Espíndola; y Carlos Schedan.

Quince de las víctimas se encuentran desaparecidas. Entre ellas, Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura "La Escuelita", de Bahía Blanca.