Subzona 14: la "muerte civil" de los militantes comunistas

"Fue una muerte civil". Con esa frase recordó la docente Stella Maris Piombo la persecución que sufrió durante la última dictadura militar en la provincia, junto a su marido, Julio Mata, solo por el hecho de militar en el Partido Comunista. A ella la echaron por "terrorista" y su marido sufrió el secuestro y el pedido de que no atendiera más al público en el comercio donde trabajaba.

"No poníamos bombas ni matábamos a nadie. Solo teníamos ideales y queríamos un mundo mejor", reivindicó su militancia. Piombo fue una de las tres personas que declararon este miércoles en el juicio de la Subzona 14 que se desarrolla en el aula magna de la UNLPam, en forma presencial y virtual. También declaró Héctor Nery Martínez y Jorge Licovsky.

En el tercer juicio a los represores pampeanos están imputados los represores Luis Baraldini y Carlos Roberto Reinhart, que siguen las audiencias desde prisión domiciliaria en forma virtual. También el represor Néstor Greppi, que fue internado en grave estado en el Hospital Naval el último martes. Y enfrenta por primera vez el banquillo de acusados el militar Jorge de Bártolo, uno de los jefes del Regimiento de Toay en la época de la dictadura, quién en las últimas audiencias está ausente del debate por un trastorno de cervical.

Persecución a comunistas: "la muerte civil"

Stella Maris Piombo atestiguó sobre la detención de dos militantes comunistas, Julio Mata -su esposo- y Pedro Zapia. Ella era docente y trabajaba en la Jefatura de Policía y dijo que desde allí se enteró de que operaba la Subzona 14 y comenzó a "notar el ambiente de terror y persecución", que había advertido a su esposo y compañeros de militancia del Partido Comunista, como el presidente, León Nicanoff..

Mata era responsable del fichero del Partido Comunista y fue detenido junto a Pedro Zapia, que había llegado de Buenos Aires por cuestiones partidarias. El abogado Lito Cuadrillero presentó un hábeas corpus para que sean liberados y consiguieron que quedaran bajo la órbita del Juzgado Federal, lo que alejó el temor de que fueran desaparecidos. Ella pudo visitar a su esposo en la Primera, vigilada por un soldado.

Piombi recordó un episodio que ya había mencionado en el juicio anterior: que los jefes policiales, sus superiores, le ofrecieron como "chantaje" que mantuviera relaciones sexuales con uno de ellos como condición para liberar a su esposo en aquellos momentos. También dijo que su marido no le contó que sufriera torturas.

Cuando Mata recuperó la libertad, después de tres meses y medio, en su trabajo, la relojería Bustos, le dijeron que por pedido del obispo católico, Adolfo Arana, no podía atender al público en ese lugar. "Humanamente le permitieron salir a vender en el interior", aclaró.

"A mí me prescindieron de la Policía y me cesantearon en la Epet por terrorista. Por cinco años no podía trabajar para el estado. Fue una muerte civil", mencionó. Confió que su esposo cayó en una depresión frente a la marginación social que se desencadenó.

Contó que "esos años fueron de discriminación, de miedo, el temor a que la gente me señalara como comunista, como terrrorista, una acusación infundada, no poníamos bombas ni matábamos a nadie. Solo teníamos ideales que llevábamos adelante, queríamos un mundo mejor".

"Teníamos dos hijos, teníamos que sobrevivir. Pusimos una pequeña boutique en mi casa. En el barrio me conocieron por la tienda, pero desconocían que era profesora. Cuando volví a trabajar en la docencia, fue un descubrimiento para mis vecinos", dijo.

"El golpe de estado fue un plan dirigido sobre todos los lugares donde se luchaba por un mundo mejor", concluyó.

"Las marcas de la picana en el pecho"

En primer lugar, este miércoles declaró el contador Héctor Nery Martínez, que fue detenido el 8 de enero del ''''77, cuando se desempeñaba como contador fiscal del Tribunal de Cuentas en el ministerio de Obras Públicas. Con los años, interpretó que su detención se produjo con el objetivo por parte del militar Enrique Recchi, que había quedado a cargo de esa cartera, de "justificar el golpe" y además "debilitar los controles sobre la obra pública" que durante la dictadura adjudicaba las licitaciones a empresas amigas de Bahía Blanca.

"Fue un día negro para mí", recordó su secuestro. Ese día lo interrogaron esposado, vendado, con golpes de puños y picana eléctrica en el pecho y el cuello en la planta alta de la Primera de Santa Rosa. Le preguntaban por "los campos de Regazzoli" y lo acusaban de ser "la mano derecha" del exgobernador. También le imputaban el supuesto pago indebido a contratistas, una función que, aclaró, no estaba en sus manos. "Me decían que ellos eran la reserva moral de la patria y que los políticos eran todos corruptos, que los muchachos, habían desaparecido", contó.

Después lo vio en la celda el médico Máximo Pérez Oneto, que no lo quiso revisar a pesar de que él le dijo que lo habían "molido a palos" y lo habían picaneado. Lo mantuvieron preso hasta el 4 de marzo de ese año. "A los 56 días todavía tenía las marcas de la picana en el pecho", evocó.

Estuvo en la Colonia Penal y en la U.13, junto a algunos contratistas de la zona que también habían sido secuestrados por la Subzona 14, la familia de los "Veco" Rodrìguez y por los profesores del colegio de Jacinto Aráuz. En agosto la justicia provincial lo sobreseyó de una causa por coimas y enriquecimiento ilícito en la que lo habían involucrado junto a contratistas del anterior gobierno constitucional.

Tras su liberación fue cesanteado de su trabajo por "factor potencial de perturbación", un antecedente que le impidió durante cinco años contratar con la administración pública y generó que también lo prescindieran en la UNLPam, donde daba clase en dos materias.

Sobrevivió durante años con su estudio contable, aunque había "amigos que se cruzaban de vereda durante esa época de terror". "Estaba tan decepcionado y desilusionado. En el ''''83 hice un cursillo de cristiandad y tomé la firme decisión de perdonar a todos los que me han hecho daño, no es fácil, pero dejé de ser un resentido, de llevar odio y sed de venganza en el corazón", reflexionó.

En el ''''84 fue reincorporado a la administración pública durante la primera gestión del gobernador Rubén Marín y también sobre fin de año como profesor de la UNLPam.

Comerciante secuestrado

En segundo lugar, declaró el comerciante Jorge Licosky, propietario del motel Caldén, que fue detenido sin orden judicial en su casa en enero de 1.978, en un operativo encabezado por los represores Reta y Gatica. Le imputaron supuesta subversión económica, como prestamista ilegal, y fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Santa Rosa.

En la planta alta de la Primera, vendado, lo interrogó Cenizo y otro represor. Luego lo trasladaron a la U.4, donde estuvo cuatro meses en una celda, aislado, y después comenzaron a dejarlo salir los fines de semana. El 10 de noviembre del ''''78 recuperó la libertad "libre de culpa y cargo".