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EL DIARIO digital
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Después de décadas de militancia y lucha por Memoria, Verdad y Justicia, de tres juicios de lesa humanidad en La Pampa, el mito según el cual durante la última dictadura cívico y militar la provincia fue una isla, estalló en mil pedazos.
Este 24 de marzo se cumplen 47 años del golpe y 40 de democracia. Y la lucha de los organismos de derechos humanos que impulsaron los juicios a los represores dejan como legado histórico y aporte para el ejercicio permanente de la memoria, un saldo aterrador.
La Pampa era una provincia que tenía 172 mil habitantes en 1970 y la represión ilegal –que comenzó aún antes del golpe porque ya desde el año anterior operó la patota de la Subzona 14- se ensañó sobre una población azorada ante el horror desbocado. El miedo y el "no te metás" también quedó como secuela de esta etapa para la sociedad pampeana.
Sin embargo, la semilla que sembraron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos que se conformó apenas recuperada la democracia, germinó y creció, con marchas y contramarchas, con el paso de los años.
Las secuelas y los desaparecidos
Esa prédica contra el olvido y la impunidad desembocó en los juicios de lesa humanidad. En La Pampa se hicieron tres. El primero en 2010, luego en 2008 y 2022.
En esos debates se probó que en la provincia hubo 248 víctimas, personas detenidas ilegalmente, secuestradas, torturadas, algunas pasaron años en cárceles de otros puntos del país, bajo regímenes extremos y vejámenes.
Las primeras detenciones ocurrieron aun cuando todavía gobernaban autoridades democráticas. En enero del '''75 la triple A empujó las detenciones de los estudiantes que habían ocupado pacíficamente la UTN de Pico para resistir una intervención de la derecha. El decano Carlos Agaya fue el primer preso político en marzo de ese año. En noviembre del ''75 el grupo de tareas de la Subzona 14 (que ya se había conformado y empezado a operar antes del golpe) disparó una razzia de detenciones sobre docentes de la UNLPam y los médicos del Plan Provincial de Salud, una experiencia de avanzada repudiada por la corporación de la salud. Antes del golpe también detuvieron a algunos periodistas -Pinky Pumilla, Raúl D'atri- y a un grupo de jóvenes pacifistas, siloistas.
A partir del golpe del 24 de marzo, se produjeron la mayoría de los secuestros y aplicación de tormentos. Se encarceló ilegalmente al gobernador constitucional, José Aquiles de Regazzoli, parte de su familia y funcionarios; estudiantes y docentes de la UTN y de la UNLPam; docentes del colegio de Aráuz, de la Escuela Hogar de Santa Rosa y una escuelita del oeste; sindicalistas; periodistas; funcionarios de la justicia; artistas; dueños de empresas de la construcción y comerciantes; militantes políticos; entre otros.
Según el reciente decreto 407/22 del gobierno provincial, el régimen de la dictadura dejó un saldo de 531 prescindidos de la administración pública provincial, nacional y municipal, personas perseguidas por cuestiones ideológicas o políticas. Ese decreto dispuso reparar los legajos, un reclamo histórico de las víctimas. El listado no es definitivo y pueden sumarse más casos.
Por otra parte, 67 pampeanos fueron desaparecidos, personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura. Son los nombres que aparecen en el listado del Registro Unido de Víctimas de la provincia. Fueron asesinados y desaparecidos. Muchos estaban en Buenos Aires, Córdoba o La Plata, por razones de estudio o trabajo. La inteligencia militar desplegada en La Pampa desde el Regimiento de Toay, que encabezó el siniestro Ramón Camps hasta el día del golpe, sirvió en muchos casos para desplegar ese plan represivo.
Aún hoy hay dos personas nacidas en cautiverio buscadas por familiares y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
La hija o hijo de la pampeana desaparecida Ana María Gutiérrez (junto a Antonio Prieto) permanece desaparecida. Debió nacer en cautiverio en el mes de Noviembre de 1976 y permanece desaparecido. De Villa Mirasol, Gutiérrez vivía en Villa Martelli, trabajaba en la industria metalúrgica y militó en la JTP y Montoneros. Estaba embarazada de tres meses cuando la secuestraron.
La hija o hijo del pampeano Carlos "Vasco" Orzaocoa y María de las Mercedes Gómez. La madre permanece desaparecida y la joven y su hijo/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos. La madre secuestrada el 21 de marzo de 1975 en la vía pública en la ciudad de Córdoba. El niño/a debió nacer entre mayo y junio de 1975.
Carlos, que estuvo exiliado y actualmente vive en Córdoba, y su hija, Mariana, que tenía dos años cuando perdió a su mamá, mantienen la búsqueda. La abuela Nélida Decristófano de Orzaocoa falleció en junio del año pasado en Santa Rosa sin llegar al reencuentro.
Hay 2 nietas recuperadas. Son hijas de pampeanos, nacidas con sus madres en cautiverio, que recuperaron su identidad.
Elena Gallinari es la hija del pampeano desaparecido Miguel Gallinari. En abril de 1987, con diez años, recuperó su identidad, rescatada de sus apropiadores y fue restituida a la familia biológica. Su madre, María Eleonor Abinet, fue secuestrada el 16 de setiembre del '76, embarazada de siete meses. En 2009 se encontraron los restos de su madre, María Leonor, inhumados en el cementerio de San Martín, sepultados como NN en el '77.
En octubre de 2017 encontraron a la nieta 125, María Lucila (Victoria para la familia Tartaglia). Es la hija de la pampeana Lucía Rosalinda Tartaglia, secuestrada el 27 de noviembre de 1977, a los 24 años. Desde entonces, su familia buscaba encontrar a su hija. La abuela María Tartaglia -fundadora del movimiento en La Pampa- murió antes de ese hallazgo.
Los represores condenados
Hasta ahora, 16 represores fueron condenados durante los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en La Pampa. Algunos, dos veces, en distintos juicios y por diferentes víctimas. En el primer juicio, en 2010, hubo 9 condenas. Recibieron 20 años de prisión el exsecretario de la gobernación, Néstor Greppi y los expolicías miembros de la patota de la Subzona 14, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart. Fueron condenados a 12 años de cárcel los expolicías Athos Reta y Oscar Yorio. El expolicía Néstor Cenizo fue condenado a 14 años y el expolicía Hugo Marenchino a 8.
En el segundo juicio a represores, que se desarrolló entre 2018 y 2019, fueron 13 las condenas y 1 absolución.
El ex jefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini y el exmilitar Néstor Greppi, fueron condenados a 25 años de prisión. El médico de la policía Máximo Alfredo Pérez Oneto (único civil condenado) a 16 años. El expolicía Carlos Reinhart, a 14 años. Los expolicías Néstor Cenizo, Athos Reta, Juan Domingo Gatica y Oscar "Miseria" López, a 12. Los ex policías Antonio Oscar Yorio, Orlando Osmar Pérez y Hugo Marenchino, a 10 años. El expolicía Jorge Osvaldo Quinteros, a 8 años. Y el expolicía Miguel ángel Ochoa a 6 años.
En el tercer juicio, de 7 imputados en la elevación a juicio, al tramo final solo llegaron 2 sentados en el banquillo de los acusados: Baraldini y Reinhart, que fueron condenados por más delitos.
Muchos represores quedaron impunes porque fallecieron antes de los juicios o porque no estaban en condiciones de salud de afrontar los debates. Otros porque no alcanzaron las pruebas y testimonios.
Tal vez el más emblemático sea el caso del militar Fabio Carlos Iriart. Zafó del primer juicio, separado por enfermedad. Fue el máximo responsable de la Subzona 14 hasta su retiro en 1977, interventor federal militar a cargo de la Casa de Gobierno entre el golpe y el 21 de abril del '''76. Falleció impune el 12 de junio de 2018.
