Convenio entre la UNLPam y la CPE para la venta de libros de Editorial Voces
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EL DIARIO digital
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Las intervenciones en el edificio del IPESA (Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes), realizadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la empresa Canalis, presenta importantes avances.
La obra apunta a la remodelación y mantenimiento para refuncionalización de espacios acorde a las necesidades para capacitación, actividades socioterapeúticas y residencia de jóvenes. Cabe recordar que está previsto que en agosto comience a regir la nueva normativa penal para adolescentes en la provincia.
La inversión actualizada de la obra es superior a los 80 millones de pesos, y el avance de obra del 90% dentro del plazo de los 360 días estimados para su realización.
Las refacciones en el edificio del IPESA, surgen ante la necesidad de dar funcionalidad y adaptarlo a las necesidades reales para el fin que tiene, el cual aloja adolescentes varones sin cuidados parentales y adolescentes en conflicto con la ley penal institucionalizados por orden judicial.
La estructura edilicia -informó este miércoles APN- debe responder de manera adecuada a los parámetros actuales de intervención y objetivos de trabajo con esta población, teniendo presente la existencia y disponibilidad de la parte comunitaria de su competencia. El proyecto de reestructuración edilicia se diseña en base al cambio de paradigma en materia de Niñez y Adolescencia y las políticas públicas que al respecto se están llevando adelante.
El objetivo principal de la obra es promover un ámbito de convivencia organizado que brinde un marco socio-educativo para que los residentes de ambos sistemas (Protección y Penal) puedan adquirir las herramientas y el aprendizaje necesarios para la construcción un proyecto de vida ciudadana que contemple las potencialidades personales y sus posibilidades de concreción, así como la reintegración socio-comunitaria.
De esta forma, se indicó oficialmente, la estructura edilicia va alineada al objetivo institucional acorde al paradigma de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual la residencia reúne las condiciones de habitabilidad y seguridad que favorecen el desarrollo integral de los adolescentes.
Las reformas edilicias, se aclaró, también han sido pensadas para quienes cumplen funciones profesionales en el cuidado de los jóvenes por lo que se gestaron espacios que promuevan la cooperación y convivencia pacífica, para mantener la rotación del personal en niveles adecuados y proteger el bienestar laboral de los trabajadores.
El martes último se realizó, en el Superior Tribunal de Justicia, una reunión entre magistrados y funcionarios judiciales y provinciales, con el fin de seguir avanzando en la implementación del nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes que entrará en vigencia el 1 de agosto próximo.
La puesta en funcionamiento de la ley 3353, que reemplazará a la 1270 y por la cual se modificará el régimen penal para los menores de 16 y 17 años, implicará una refuncionalización de cargos, la adecuación de las nuevas competencias jurisdiccionales y la aplicación del sistema de justicia restaurativa, entre otras transformaciones.
