El defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, recibe de los juzgados, por protocolo, la notificación de cada desalojo de familias donde hay niños o adolescentes.
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EL DIARIO digital
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El defensor de la Niñez, Juan Pablo Meaca, consignó este martes que el año pasado hubo en la provincia 215 desalojos judicializados con niños involucrados y en los meses de este año "la situación se profundizó" con la situación socioeconómica del país. Aseguró que desde hace un año y medio la problemática se agudizó porque "no hay viviendas para alquilar" a pesar de que las familias tengan los recursos o los subsidios para salir de una casa.
El funcionario provincial explicó que se asiste a las familias con niños que son desalojadas, a través de fondos de Desarrollo Social, por un lado, y de los municipios por el otro. En el caso puntual de este martes, en Santa Rosa, se amplió la asistencia para alquiler y pueden abonar casi hasta 40 mil pesos. Por ahora, la salida es transitoria, una vivienda muy pequeña, hasta que la búsqueda arroje mejor suerte.
En cuanto a las intervenciones del área, dijo que "la idea es no llegar a este punto", con un desalojo ejecutado por la justicia. "El tema es que hay una problemática general en la provincia, no hay lugares para alquilar. No hay viviendas, esto es un gran condicionante".
Meaca recalcó que ahora la problemática muchas veces no es el dinero, porque la familia puede pagar o los subsidios se lo permiten, sino que no se consiguen casas. "Pasa no solo en casos de familias en estado de vulnerabilidad, sino con familias de clase media", acotó.
El defensor atribuyó la situación a la coyuntura del mercado inmobiliario, con una ley de alquileres que está por modificarse, y la situación socioeconómica que se agrava a la par de la inflación. "Hay casas para vender, pero esas casas no las ponen a alquilar", graficó. Dijo que esto sucede desde hace un año y medio. "No hay forma de solucionarlo. La verdad es muy complejo. Esperamos que este año, cuando se entreguen casas del Ipav, se alivie un poco", añadió.
Meaca precisó que el año pasado intervinieron en 215 desalojos de familias con niños, por aviso de la justicia. Aunque también hay otros casos que gestionan cuando hay acuerdos de palabra entre personas o porque les prestaron una vivienda y tienen que devolver.
"En años anteriores era el monto con que asistía el estado, por ahí no alcanzaba para el alquiler. Pero ahora el problema no es ese. Directamente, está relacionado con que aunque tengas la plata no se consiguen casas. Y menos cuando hablamos de familias numerosas", precisó. "Nosotros con el equipo técnico nos hemos puesto a trabajar y tampoco conseguimos", lamentó.
Meaca dijo que el año pasado hubo 215 desalojos con niños en un contexto de pandemia, cuando durante parte del año los desalojos estaban prohibidos. Por eso, dijo, en los primeros meses de este año el problema recrudeció. "Tenemos varias situaciones de desalojo. Es más profundo que el año pasado el problema. La situación socioeconómica hace que muchos lleguen al desalojo por falta de pago", apuntó.
Relevamiento en el Nuevo Salitral
Por otra parte, Meaca contó que el lunes último se reunió con las familias que ocupan terrenos en el asentamiento El Nuevo Salitral y están bajo amenaza de desalojo por el reclamo de un abogado que figura como el propietario de los terrenos.
El funcionario recordó que en 2020 recorrió el lugar y había nueve familias, en total 40 personas, bajo amenaza de desalojo. Ahora acordaron realizar un nuevo relevamiento para actualizar los datos. "Queremos que se escuchen las partes en el marco del expediente", dijo Meaca, respecto al conflicto.
En ese sentido, destacó que "la gente manifiesta el deseo de comprar las tierras". "Habrá que escuchar a la parte privada, para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. El juez, en estos casos, cuando hay niños, da parte a los organismos del estado que pueden colaborar para resolver el conflicto. Habrá que ver cuál es el posicionamiento del actor privado", concluyó.