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Se moviliza El Nuevo Salitral ante otra amenaza de desalojo

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La reactivación de un expediente judicial a instancias de propietarios privados puso en alerta a 8 familias que temen que las obliguen a dejar el lugar que ocupan desde hace alrededor de 3 años. VIDEO.

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EL DIARIO digital

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La notificación formal de un pedido de desalojo, que a la vez es una suerte de reactivación de un expediente judicial, disparó el temor de desalojo de 8 familias que forman parte del asentamiento "El Nuevo Salitral".

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La formalidad generó una situación de tensión y conflicto. Desde el Poder Judicial dejaron en claro que no se ordenó ningún desalojo.

Lo que ocurrió es que una causa que se inició en 2019 había tenido un defecto en su notificación, por lo que los impulsores de la demanda volvieron a reclamar el desalojo. Esa notificación generó alerta entre vecinos y vecinas, que además durante algunas horas interpretaron que el desalojo estaba ordenado y que tenían solo 5 horas para dejar el sitio que ocupan, a riesgo de que si no lo hacen actuara la fuerza pública.

Fruto del temor resurgió de todos modos el posicionamiento de quienes están asentados en ese lugar hace unos 3 años. Prendieron gomas, visibilizaron su situación y también refrescaron el rol que le corresponde al Estado a la hora de que se garantice el derecho a la tierra y la vivienda.

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Policía y amenazas

Los supuestos propietarios del predio iniciaron nuevamente la causa. Pero el Poder Judicial no ordenó el desalojo. La jueza Susana Fernández no dictaminó nada, lo tiene en análisis y no habrá desalojo ni sacarán a nadie por la fuerza. En un primer momento las familias interpretaron eso con la notificación y se generó una confusión.

Vecinos y vecinas residentes en esa zona desde hace unos 3 años, con acompañamiento de organizaciones sociales y políticas, se movilizaron para resistir la posible decisión del Poder Judicial, a instancias de propietarios privados de esos terrenos.

La notificación que disparó la alarma llegó el lunes. Las familias creyeron que si las personas allí residentes no abandonaban el lugar en 5 días serían sacadas por la fuerza. La demanda alude puntualmente a quienes se asientan en construcciones ubicadas en las calles Niños de Ayohuma y Gobernador Duval.

"Los vecinos empezaron a notar que empezó a circular la policía y está la amenaza de pasar con una topadora y reprimir. Nosotros siempre buscamos una solución pacífica", dijo Rosa Fernández, del Frente Darío Santillán, que respalda el accionar de los protagonistas del asentamiento.

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Las personas a las que se pretende desalojar ya construyeron pequeñas casas de material, que no cuentan con servicios. "El pedido claro es: tierra para vivir. Es lo que siempre se pidió la gente ocupó ese espacio por necesidad. Queremos llegar a una solución pacífica, las personas necesitan un lugar para vivir porque las cosas están muy difíciles, los alquileres están impagables y el acceso a la tierra está muy caro, incluso para las personas que tenemos trabajo", contó en Radio Kermés la referente de esa organización social.

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Asamblea y autoridades

Vecinos y vecinas hicieron el miércoles una asamblea y piden por la presencia de organismos de Derechos Humanos, agrupaciones políticas, sociales y gremiales, el Ministerio de Educación y la Defensoría de la Niñez.

El asentamiento comenzó a mediados del año 2019. Los supuestos titulares registrales que motorizaron el reclamo son Homero Cruz Marques y Luciano Filemón Marques (ver más información aparte).

Uno de los dirigentes presentes en el lugar fue Luciano González, del Polo Obrero y el Partido Obrero: "hace dos años atrás iniciaron una causa contra los vecinos y con la colaboración de un abogado pudimos demostrar que el procedimiento era erróneo, que habían equivocado la notificación, porque estaba dirigida a todas las familias. Hoy nos enteramos que se ha iniciado nuevamente el proceso de desalojo, todos los vecinos están en alerta, porque no tienen adónde ir".

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