"Costó mucho, es un logro escuchar a la víctima"

La operación de lobby contra la perspectiva de género en los fallos judiciales pretende instalar la idea de que los jueces condenan por delitos sexuales o de violencia aunque no haya pruebas, y como supuesto temor ante el "escrache".

Laura Torres, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, insistió en las últimas horas con el posicionamiento de la entidad mediante un documento público.

"Estamos acostumbrados a las críticas, pero aseguran que los jueces emitimos sentencias bajo presión popular y que no se argumentaban razonadamente las sentencias. No podríamos", aseveró.

"Nosotros resolvemos conforme a los hechos y pruebas que están en el expediente, luego tenemos la obligación legal de fallar conforme a derecho y respetando las garantías constitucionales. Si creen que no se falló conforme a derecho o no se respetaron las garantías constitucionales, tienen los mecanismos para que se revisen o modifiquen las sentencias. Si es tan manifiesta esa arbitrariedad que alegan, el TIP no dejaría de modificar o revisar las condenas", insistió en declaraciones a Radio Kermés.

Además, Torres remarcó: "En los casos de violencia de género hay un mandato convencional, hay que iniciar la investigación y tomar los recaudos legales inmediatos. Esto costó mucho tiempo, hoy es un logro, tenemos tremendos casos que todos los días nos enteramos por la prensa, la parte penal está llena de denuncias y no todas llegan a juicio ni a condena. Es un mandato constitucional, no podemos no escuchar a la víctima. Los informes psicológicos no son carentes de rigor científico como alegan, generalmente los jueces para dictar una sentencia vuelven a pedir explicaciones y reforzar la opinión de los psicólogos para que sea verosímil el relato de las víctimas".