A la búsqueda de federalismo y de sensibilidad

Una de cal...

Las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) pasaron por la provincia y siempre resulta saludable que quienes ostentan cargos que durante la mayoría del tiempo se ejercen en la ciudad de Buenos Aires aunque sea peguen una mirada a lo que ocurre en otros territorios.

Es la primera vez que ese organismo sale de la realidad porteña para sesionar en una provincia, en este caso en La Pampa, posiblemente también como guiño a que uno de los directores es oriundo de nuestra provincia: Alejandro Gigena fue designado en representación del Congreso Nacional.

Tampoco puede ignorarse que, como ya ha pasado en otras ocasiones en que se producen este tipo de visitas, la atmósfera centralista rodea a las propias autoridades hasta dejarlas prácticamente en una burbuja: es tal la inercia que a veces no pueden salir de esa lógica ni aunque se lo propongan.

Y mucho más allá de la presencia física, lo que sería deseable que resulte federal es una política pública vinculada con las comunicaciones.

Claudio Ambrosini, como presidente del ENACOM, fue quien llevó la voz cantante y si bien se empeñó en difundir novedades positivas ("qué lindo es dar buenas noticias", inmortalizó un presidente) también generó una lógica reacción de insatisfacción en la dirigencia cooperativa local.

Es que frente a una realidad tarifaria que es acuciante y cuyo planteo lleva ya largo tiempo, el funcionario tuvo para decir que se está analizando alguna medida concreta (de la que no dio pistas), adornando ese "anuncio" con un discurso en favor del movimiento cooperativo y de las pequeñas y medianas empresas.

Al prestar servicios de telecomunicaciones, ese sector está ahora metido en un brete doloroso, puesto que es el espacio social y político que más espalda le puso a la medida oficial de considerar esa prestación como un servicio público, pero sin embargo el único que resulta perdidoso porque las grandes corporaciones juegan con el Poder Judicial de su lado y no congelan sus tarifas según las disposiciones vigentes.

Frente a ese escenario, el gobierno nacional -como en varios otros temas- ha dado señales confusas y ambiguas, que no dejan saber si se pone en la vereda de quienes necesitan realmente una mano estatal (como dijo Ambrosini) o eligen la antigua lógica de negociar con los grandes capitales, porque es lo que ya se volvió un hábito y un estilo de cualquier gobierno, sea del color político que sea.

En el mapa aparece otra cuestión en la que las cooperativas, La Pampa y la empresa estatal EmPaTel esperan definiciones concretas: la posibilidad de brindar un servicio de telefonía celular que no se rija exclusivamente por las normativas del negocio que marcan el norte de las multinacionales.

Tras el paso de ENACOM, las advertencias del presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad Alfredo Carrascal sonaron sintéticas y contundentes: "¿de qué conectividad nos hablan, si el principal prestador de la provincia está en riesgo de quiebra?".

...y una de arena...

La situación que reveló El Diario en la que una madre con una discapacidad fue aparta de su hijo de 6 años, a quien además alojaron en un hotel de Santa Rosa, vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de que las políticas públicas y los acciones de autoridades del área, se rijan antes que nada por una básica sensibilidad.

La mujer, que además de tener una discapacidad auditiva y en el habla tiene otras patologías como diabetes y celiaquía, está insospechada de haber violentado al chico en algún momento, pero sin embargo se lo separó de él durante más de dos meses, según queda acreditado en la causa judicial.

La pregunta que se impone es: ¿qué derecho del niño se está garantizando evitando una comunicación elemental con la persona a la que más quiere, con la que tenía contacto permanente y un vínculo que quienes conocen el entorno describen como de amor y afecto?

También reina la certeza de que a la mujer le trabaron la posibilidad de defender su posición porque le impidieron que su asistente terapéutica interviniera en instancias fundamentales.

La sospecha es que el hombre que es pareja de la mujer habría incurrido en un hecho que podría interpretarse como violento, pero que ella describe como lúdico, y admite que fue un error que no se va a repetir.

Pero en ningún caso alguna acusación pesa sobre la mujer, tratada con "crueldad" por el sistema, según definen quienes están cerca de ella.

Desde ya que surgen de inmediato numerosos interrogantes: ¿qué abordaje hacen los organismos que existen justamente para ocuparse de estas problemáticas? ¿Las sugerencias profesionales no existen o no son tomadas en cuenta? ¿Este tipo de decisiones se toman desde una oficina sin saber lo que ocurre con las personas en la vida real?

Pese a la intervención de varios organismos estatales, el remedio a esa circunstancia -que más que una solución se parece al agravamiento de un problema- todavía no aparece.

Varios de esos organismos intervinieron tardíamente porque las áreas que manejaron el tema (los trámites quedaron sobre todo en manos de la Dirección General de Niñez y el Juzgado de Familia número 2 de Santa Rosa) no comunicaron la situación con la diligencia y la precisión requerida.

Más aún: hubo organismos que solo supieron del caso por intervención de una persona en particular, y no como hubiera correspondido por el camino oficial.

Una de las impresiones que quedan es que el estallido del caso de Lucio Dupuy disparó de modo exacerbado algunas conductas oficiales contrarias a las que en ese episodio salieron a la luz: como si algunos organismos del Estado actuaran por espasmos y se fueran de un extremo al otro.