"Trapos rojos", secuestros, reparaciones y “ninguneos”

En enero del ’75, un grupo numeroso de estudiantes, no docentes y directivos de la Universidad Tecnológica de General Pico llevó a cabo una toma pacífica en contra de una “intervención trucha” que había llegado desde Bahía Blanca, con personas armadas que respondía al sindicalista Rodolfo “Fito” Ponce, y “propiciada” por el entonces diputado nacional y presidente de las 62 Organizaciones Peronistas, Carlos Aragonés.

Raquel Barabaschi recuerda el hecho como lo ha hecho en cada intervención pública y refresca que a través del diario La Reforma, “nos acusaba de ‘zurdos’, ‘trapos rojos’ y pertenecientes a la ‘Cuarta Internacional’. Todo esto en plena vigencia de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)”.

A raíz de esa situación se generó contra estudiantes y no docentes una causa penal, la 1/75 (Agaya, Carlos Gregorio y otros, s/ Usurpación), de la cual quedaron libres de culpa y cargo.

“Pero con el Golpe del 24 de marzo, la mayoría fuimos secuestrados nuevamente. Además, el 2 de diciembre de ese año, en un operativo cinematogràfico en la casa de mi compañera Rosalind Gancedo me vuelven a secuestrar. Paradójicamente por esos días Aragonés -en compañía del entonces vicegobernador Marín- estaban en Buenos Aires haciendo denuncias ante el ministro del interior Angel Robledo”.

“Otra vez estaban refiriéndose a los detenidos de la UTN como marxistas”, detalla Barabaschi.

En la sucesión de fotos de archivo, Aragonés al lado de Ramón Camps en la última imagen de la secuencia.

Memoria y verdad histórica

En distintos juicios por delitos de lesa humanidad las querellas pidieron varias medidas de reparación. Algunas de las que se plantearon en el segundo juicio se empiezan a hacer realidad ahora. Otras fueron solicitadas por la Fiscalía en el tercer juicio. En el medio, Raquel Barabaschi interpreta que a veces hay ciertos “ninguneos”.

Una de esas medidas es la señalización de la Seccional Primera como centro clandestino de detención. Primero se comunicó que resultaba “imposible” reconvetir el lugar en Museo de la Memoria.

Después hubo una discusión por la fecha de los pilares que señalizarán el lugar: al principio el gobierno se negaba a que el período señalado fuera ’75-’83. El subsecretario de Derechos Humanos Juan Pablo Fasce dijo que era una resolución del gobierno nacional. La intervención del ministro Arel Rasuchenberger finalmente permitió que la fecha se adecuara a la petición de los organismos de Derechos Humanos.

Entre las distintas medidas reparatorias solicitadas se incluyen otras señalizaciones, capacitaciones de autoridades y policías, una nueva ley orgánica policial, un reconocimiento al juez Juan de Dios Ucal, la apertura de los archivos que pueda tener el Obispado, la reparación de los legajos de las personas prescindidas de la administración pública, un desagravio del Colegio Médico a profesionales que sufrieron la persecución.

“No se completa la reconstrucción de la verdad histórica sino buceamos en los vestigios de una lógica operativa para evitar la reproducción de este tipo de hechos y para eso es indispensable reunir todos los elementos y configurar un mapa lógico de cómo se pudo implementar la represión basada en la doctrina de seguridad nacional que fue rigurosamente racional, no solo para cometer el genocidio sino para sembrarla hasta nuestros días en las nuevas generaciones de quienes tienen el ejercicio del uso legal de la fuerza”, planteó Maxi Corroinca como abogado de la querella en el segundo juicio.

Ascensos en la época de la “reconciliación”

La semana pasada el gobernador Sergio Ziliotto dejó en claro desde el Estado que la Policía pampeana “fue el brazo armado” del Terrorismo de Estado en la provincia.

Cuando en el primer juicio Raquel Barabaschi recordó uno de los trámites de la “desmemoria”, le tocó soportar la acusación de que buscaba un redito económico.

Así la abarajó el marinismo cuando ella recordó que los policías que actuaron como secuestradores y torturadores en la dictadura habían conseguido ascensos durante el gobierno de Rubén Marín. Fue en los ‘90, en la época del indulto y cuando el PJ pampeano hacía buenas migas con el menemismo, que propiciaba una “reconciliación” entre los terroristas de Estado y sus víctimas.

Uno de esos ascendidos fue Hugo Marenchino, a la postre condenado por delitos de lesa humanidad, pero que ya en democracia ofició como puntero del justicialismo, y más específicamente del vernismo. Norma Durango, exvicegobernadora, supo defenderlo públicamente cuando dijo que merecía "una segunda oportunidad".