Advierten que se retraen adopciones ante operaciones mediáticas

El Poder Judicial, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría del área advirtieron que una serie de operaciones mediáticas y de difusión de inexactitudes derivó en una retracción de potenciales adoptantes. Los organismos, en lo que es una actitud extraordinaria por parte de esos estamentos del Estado, decidieron difundir un documento conjunto para ponerse en alerta y expresar su preocupación.

"Llamó la atención que –en las últimas semanas– se mediatizaran reclamos generalizados en relación a procesos de medidas excepcionales, estados de adoptabilidad, y vinculación familiar", dijeron desde esos lugares de decisión pública. Y aclararon: "en ningún caso han impedido o desalentado la vinculación o revinculación de madres/padres u otros familiares con niñas, niños y adolescentes, siempre que estuvieran en condiciones de efectivizarse".

El Poder Judicial de La Pampa, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes coincidieron en rubricar ese documento público en el que afirman que "vienen trabajando en forma conjunta y corresponsable en la protección de los derechos humanos de las infancias, adolescencias y familias", y en la búsqueda de "soluciones concretas ante situaciones" donde ellos/as hayan sido víctimas, y/o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

"En consideración de esos objetivos que se desarrollan mancomunadamente, llamó la atención que –en las últimas semanas– se mediatizaran reclamos generalizados en relación a procesos de medidas excepcionales, estados de adoptabilidad, y vinculación familiar, donde todos los organismos en sus diferentes roles garantizaron el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro de los marcos legales vigentes en cuestiones de niñez y familia", añadieron los organismos.

Aseveraron que "los organismos administrativos, judiciales o de control en ningún caso han impedido o desalentado la vinculación o revinculación de madres/padres u otros familiares con niñas, niños y adolescentes, siempre que estuvieran en condiciones de efectivizarse y no fueran perjudiciales ni dañosos para ellas/os. Por el contrario, ese es uno de los principios rectores en esta materia".

"Además -agrega el documento- el Estado está obligado a observar una serie de normas, procedimientos, reglas y protocolos relacionados con esta problemática tan delicada y sensible. Y así lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo en pos de mejorar la calidad de vida de esas niñas, niños y adolescentes".

Además, en el marco de todo proceso administrativo y/o judicial, "se les garantiza a los grupos familiares afectados su participación en ellos, y el ejercicio de sus derechos con representación legal; y con activa intervención de los organismos involucrados, priorizando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes".

"Debe advertirse que, como consecuencia de esas declaraciones públicas inexactas, comenzó a observarse una retracción de potenciales adoptantes interesados en asumir el cuidado de niñas, niños y/o adolescentes, a partir de utilizarse lo erróneo de esas informaciones para cuestionar los procesos de adopción y su legalidad, los que siempre se materializaron de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley provincial 2703 de adhesión a ella y el Código Civil y Comercial de la Nación".

Recuerda que "esa normativa establece que ningún actor institucional puede brindar información individual de los procesos donde se aborda la vulneración sufrida por una niña, niño o adolescente; las medidas ordenadas; y el trabajo efectuado por los equipos interdisciplinarios; aunque sí puede afirmarse que en la Provincia todos los procedimientos de niñez, adolescencias y familias se tramitan con múltiples actores institucionales y profesionales, donde se garantizan los derechos de las infancias y adolescencias, como así los de los adultos partícipes".

"Esos procesos son controlados y supervisados por los organismos oficiales específicos e independientes entre sí, para asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales a las que se acogió el país", completó el documento.