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Portezuelo: expectativa por el dictamen del fiscal de Estado mendocino

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Fernando Simón es el funcionario que tiene en análisis distintas presentaciones, incluso de organizaciones cuyanas, que desaconsejan la continuidad de la obra. Resolverá esta semana.

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EL DIARIO digital

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El fiscal de Estado mendocino Fernando Simón tiene a la firma un dictamen en el que determinará pasos fundamentales respecto de la obra Portezuelo del Viento. Hay expectativa no solo en la provincia cuyana, desde ya, sino también en La Pampa, que aguarda conocer esa postura para definir también sus pasos a seguir.

El fiscal tiene a su resolución planteos de organizaciones y profesionales cuyanos: su accionar es independiente de las posturas políticas y judiciales de La Pampa, aunque desde ya Simón toma en cuenta el debate que se está generando en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.

En Mendoza se descuenta que esta semana Simón definirá un posicionamiento. El gobierno mendocino juega fuerte a la continuidad de la multimillonaria obra, a tal punto que en las últimas semanas siguió adelante con trámites que ni siquiera COIRCO admite. La empresa que intervino en la licitación ofreció un descuento de unos 200 millones de dólares, acomodando los números a la continuidad de una obra que de todos modos necesitará de resultados favorables de estudio de impacto ambiental.

Hay planteos que se hacen dentro de la propia Mendoza que aconsejan otro camino: sugieren que sería más provechoso para la provincia cuyana invertir esos más de 1.000 millones de dólares en obras más necesarias y eficientes: se trata de especialistas y organizaciones mendocinas que piden que se frene la obra porque los perjuicios a los que se enfrenta la provincia pueden ser superiores a los potenciales beneficios.

Uno de los escritos fue presentado por los juristas Alejandro Pérez Hualde, Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela. Otro por el geógrafo Marcelo Giraud. Advierten sobre el impacto del calentamiento global y una suerte de “megasequía” que ha provocado que el río Grande haya perdido parte de su caudal de forma alarmante y constante en los últimos diez años, poniendo en duda el llenado del embalse previsto en el proyecto.

El diario mendocino "El Sol" informó en las últimas horas que Simón tendrá todo listo para dictaminar en el transcurso de la semana. Un artículo de Marcelo Torrez advierte en ese portal que las motivaciones para frenar la obra pueden ser varias. "Los escritos han aportado argumentos que tienen mucho color, que pueden ser rebatidos o reafirmados, pero que dispararán una respuesta que no pasará para nada desapercibida", indica la nota.

En la Fiscalía ya tienen todas las respuestas a los oficios que se activaron: respondieron Irrigación, la empresa eléctrica provincial (Emesa) y la Provincia, por parte del Ministerio de Infraestructura.

El informe de Irrigación –de características técnicas– corrobora los dichos de las presentaciones cuando confirma los períodos de bajo escurrimiento y bajo caudal del río. No abre juicios, en principio, sobre si se tiene que hacer la obra. Emesa, por su lado, le ha dado crédito a la situación crítica desde lo hídrico por la que atraviesan el Grande y todos los ríos mendocinos en los últimos once o doce años, pero sugiere que no hay que tomar una decisión que contenga nada más y nada menos que el freno o no la obra, estudiando sólo un breve período de tiempo. Para Emesa, se requieren, por lo menos, 50 años de análisis de la cuenca y no sólo una década.

Tanto Giraud como los tres juristas que piden que no se siga con Portezuelo han afirmado que, según el escurrimiento de los últimos diez años, el dique no se podría haber llenado ni mucho menos contar con el agua suficiente para turbinar y generar energía. Irrigación avala esa mirada, pero a la Fiscalía le ha entregado un estudio que ha tomado los últimos 70 años de lo que ha ocurrido en el río Grande.

En concreto, hasta el 2011, en los 70 años previos, se comprobó que sólo en 9 el río no alcanzó los caudales suficientes que requiere la obra. En los otros 60 o más tuvo el agua suficiente para empezar el llenado del embalse. De todo esto resulta que, hasta el 2011, las probabilidades de llenado del dique eran altas y que en 3 años se alcanzaba el objetivo de la cota prevista. Esa cantidad de agua garantizaba, como los cálculos y proyectos realizados indicaban, la necesaria y lógica generación de electricidad cuya venta al sistema interconectado permitirá, con el tiempo, el repago de la obra.

El problema se ha presentado en los últimos diez años, en los que aquella ecuación de los 70 años se ha invertido en la serie de diez que van del 2011 hasta el presente. Si la obra se hubiese inaugurado en el 2010, el agua acumulada en el embalse aparentaría un charco al pie de un paredón inmenso hacia nuestros días. Y no habría permitido, tampoco, producir energía.

Se suman los acuerdos firmados entre las provincias en el Coirco, el comité de cuenca del Colorado, del que el río Grande es su principal afluente. En trazos gruesos, esos acuerdos obligan a tener presente que se requieren 1.800hm3 para el llenado, un poco menos de 600hm3, como mínimo, para producir energía, todo condicionado, para comenzar a retener agua para el llenado, a un caudal que supere los 3.000hm3 por año, lo que por el momento no se estaría cumpliendo de acuerdo con los datos surgidos de la serie de estudio de los últimos diez años.

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