Las querellas en el tercer juicio de la Subzona cuestionaron los informes médicos que presentaron algunos de los represores para intentar que los aparten del debate. Hace un mes que están "enredados" en esos planteos y todavía no empezaron los testimonios.
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EL DIARIO digital
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Las querellas en el juicio de la Subzona 14 plantearon este miércoles que las defensas de los represores plantean "chicanas" para seguir dilatando el desarrollo del debate, que lleva un mes desde su inicio y todavía no entró en la fase de las declaraciones y los testimonios de las víctimas.
Este miércoles brindaron una conferencia a través de una plataforma virtual las víctimas y querellantes Graciela Bertón y Raquel Barabaschi, el abogado Franco Catalani, la víctima y testigo Jorge Irazusta, y la defensora de las víctimas, Ivana Barneix.
En primer lugar, Catalani planteó que después de siete meses de que se informó del fallecimiento del militar Jorge Jáuregui, su defensor aún no presentó el certificado de defunción. "Es una irregularidad, podemos sospechar que podría haberse profugado como ocurrió en otros casos", deslizó.
Por su parte, el médico Irazusta -un reconocido profesional que se exilió en Canadá luego de ser víctima de la represión- cuestionó las declaraciones de los médicos del represor Luis Baraldini y del policía Humbrerto Riffaldi, ya que se basaron en "pareceres" pero no aportaron pruebas concretas para respaldar sus diagnósticos. Además, cuestionó que tampoco se haya presentado historias clínicas. "Es como que los problemas le aparecieron de un día para el otro", dijo.
"Esto no es un robo de gallinas, son criminales a los que se les imputa secuestros, torturas y delitos sexuales. Son aberraciones que no pueden pasar desapercibidas. Si los van a exceptuar del juicio que sea con prueba y no porque a alguien le parece", remarcó.
Por su parte, la defensora Barneix aclaró que, en el caso de Baraldini, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa ordenó que se le haga una nueva revisación médica -la anterior es de setiembre del año pasado, cuando aún estaba convalecientes de coronavirus- y en el de Riffaldi, que se citó a declarar a los profesionales que hicieron una segunda pericia y que podrían aclarar su situación en la próxima audiencia. También dijo que está pendiente una pericia médica a Greppi, el ex militar que estuvo presente en las primeras audiencias, pero luego fue internado en el Hospital Militar.
"Tenemos que seguir teniendo paciencia", dijo Barabaschi, que recordó que primero el juicio se dilató por falta de espacio físico y por la pandemia, y ahora está "enredado en esta trama" de planteos de algunos de los imputados para intentar quedar afuera del proceso.
"Son chicanas de la defensa para seguir dilatando todo. Tuvieron coraje para secuestrar a estudiantes de 19 años como éramos nosotras, pero les falta valentía para enfrentar a un tribunal con todas las garantías", comparó.
Por su lado, Graciela Bertón lamentó la "impunidad biológica" que impide que tanto represores como víctimas participen de los juicios después de tantos años. Su padre (secuestrado y salvajemente torturado por integrar la cooperadora del colegio de Jacinto Aráuz) murió en la década del ''''80 por un cáncer que la familia vincula a sus padecimientos durante la dictadura.
"Yo tengo hijos que siguen los juicios. Respetamos los derechos humanos de los represores. Yo rescato eso, dejamos esa huella en estas vidas y ese mensaje para nuestros hijos. No somos como ellos", resaltó.
La próxima audiencia del juicio se llevará a cabo el 24 de mayo. "Esperamos definiciones", dijeron las querellas.
Otra de las cuestiones pendientes que debe resolver el TOF es el pedido de que puedan declarar los representantes legales de la UNLPam, el Partido Comunista y el Movimiento Pampeano en Defensa de los Derechos Humanos. "Fueron víctimas esas instituciones y lo que se pretende es que puedan expresar su mirada desde ese lugar", explicó Barneix.
El juicio tiene por ahora cinco imputados. Dos de los procesados ya quedaron afuera: uno es el militar Gerardo José Jáuregui, quien falleció a fines del año pasado aunque los jueces no tienen aún el certificado de defunción. El otro es el policía represor Roberto Fiorucci, quien por su estado de salud ya había sido apartado del segundo juicio.
Los acusados por primera vez en estos juicios son el militar Jorge De Bártolo y el comisario Humberto Riffaldi, y también están imputados el exjefe de la Policía, Luis Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, Néstor Greppi, y el expolicía y represor Carlos Reinhart.