Columna ambiental: El conocimiento es poder

Por Florencia Srur (*)

En Argentina, la legislación ambiental empieza con la Constitución Nacional con el artículo 41 que remarca que todas las personas habitantes del territorio nacional tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

También, remarca que las autoridades deben proveer la protección ambiental, información y educación ambiental. Por último, que corresponde a Nación dictar las normas de presupuestos mínimos ambientales y a las provincias de adherir y dictar sus normas.

Entonces, se crea luego la Ley Nacional Nº 25.675 que es de Presupuestos Mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Y cuando se hace referencia a leyes de presupuestos mínimos se trata de normativa que marca lo mínimo indispensable para, en este caso, la protección del ambiente y poder de esta manera, ejercer el derecho que marca la Constitución Nacional.

Luego, hay otras leyes de presupuestos mínimos como de conservación de bosques, de glaciares, entre otros. Cabe remarcar que esta ley marco también hace mención a la necesidad de contar con educación ambiental.

Sin embargo, hasta el momento, no había ninguna ley que regulase o diera pautas de cómo hacer educación ambiental y quién sería la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio o Secretaría que se encargaría de velar el cumplimiento de esta supuesta norma. Hasta el viernes 14 de mayo de 2021.

Pero antes de meternos de lleno en la ley, vamos a definir qué es educación ambiental. Esta ley lo define como un campo de intervención político pedagógico que puede ser formal, no formal e informal y que impulsa procesos educativos para la construcción del conocimiento, saberes, valores y prácticas ambientales para la formación ciudadana en materia de desarrollo sostenible y el ejercicio del ambiente sano.

Entonces, aunque las personas lectoras de esta columna y yo no nos encontremos en un aula, se puede decir que estamos realizando, en este momento que usted lee esta columna, educación ambiental.

Esta nueva ley propone la creación de dos estrategias que se llaman Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental (EJEAx), y cada provincia y jurisdicción poseerán su forma de construcción de estas estrategias, con sus presupuestos, tecnologías y demás.

También, propone el fortalecimiento y capacitación del cuerpo docente de todos los grados educativos en materia de ambiente y crear un banco virtual de experiencias educativas.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el Plan General o Maestro de la ONU que consta de 16 objetivos a cumplir para el año 2030 para conseguir un futuro sostenible, relacionando desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.

En relación con los ODS, la Ley Nacional de Educación Ambiental propone generar y gestionar mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover acciones comunitarias que fomenten el "Compromiso Ambiental Intergeneracional".

Esta Ley es un gran paso para el camino hacia la sustentabilidad, poder entender y comprender cómo funciona el mundo que nos rodea y vivir de manera sustentable con y en este será de gran ayuda para afianzar nuestro compromiso con nuestra generación y las que se avecinan. Ya el filósofo Francis Bacon en el siglo XVI afirmaba que "el conocimiento es poder". Seamos poderosos/as y aprendamos más y mejor.

(*) Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, UNLPam. Email: [email protected]