La Corte Suprema dejó firme la condena de Sergio Urribarri por corrupción en contratos de publicidad oficial
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El exmandatario salió con los tapones de punta contra la jueza Marta Pascual por congelar la Ley 27.801 en territorio bonaerense. Desde la vereda de enfrente al garantismo cómplice, advierten que la Justicia local se arroga facultades inconstitucionales para bloquear una norma votada por el Congreso.
La justicia garantista vuelve a hacer de las suyas en el feudo de Axel Kicillof y la política no tardó en reaccionar. El expresidente Mauricio Macri salió a cruzar con fiereza el escandaloso fallo judicial que frenó en seco la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, apuntándole directamente a la magistrada Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
Sin anestesia, Macri disparó en su cuenta de X que resulta "inaceptable" que una simple medida cautelar salida de un juzgado provincial se pase por el aro una ley nacional debatida y aprobada en el Congreso de la Nación, y debidamente promulgada por el Poder Ejecutivo. Para el referente del PRO, el accionar de la jueza dinamita el equilibrio republicano.
Fantasías judiciales y control abstracto
El núcleo de la bronca pasa por los argumentos flojos de papeles que usó Pascual para dictar la cautelar el pasado 7 de septiembre de 2026. La magistrada se armó un escenario futurista al basar su resolución en presunciones sobre supuestas violaciones de derechos que, según su óptica, podrían llegar a desatarse con la nueva normativa.
Macri destrozó este raid imaginario al citar el propio fallo, donde la jueza caradura se atreve a sostener que el Poder Judicial puede meter la cuchara antes de que ocurra una falta, apoyándose en meras sospechas. Para el exmandatario, esas supuestas pruebas jamás aparecieron en el expediente y, peor aún, el sistema legal argentino prohíbe explícitamente que los jueces hagan revisiones preventivas o abstractas de las leyes del Parlamento. El control de constitucionalidad, le guste a la corporación judicial o no, se hace sobre casos concretos y reales, no tirando las cartas del tarot.
La jugada del hábeas corpus y la réplica de la Fiscalía
Todo este sainete judicial arrancó por un hábeas corpus preventivo colectivo que impulsó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. A partir de ahí, Pascual trabó por 60 días la Ley 27.801 —que fija en 14 años la edad de responsabilidad penal— y extendió el parate a toda la provincia de Buenos Aires.
Pero la resistencia no tardó en organizarse. El fiscal Hernán Cerutti interpuso una apelación furiosa para que la medida cautelar vuele por los aires mientras la Cámara de Apelación y Garantías toma cartas en el asunto. Desde la fiscalía argumentaron con lógica implacable: en el expediente no hay un solo adolescente con la libertad cercenada de forma ilegal por culpa de la nueva ley. Asimismo, le cuestionaron a la jueza haber transformado meras elucubraciones y proyecciones vacías sobre infraestructura en certezas absolutas, sin aportar un solo número serio sobre cuántos menores entrarían al sistema o cuál es la capacidad real de los establecimientos.
Por su parte, en un intento por bajarle el precio al revuelo, la jueza Pascual salió a balbucear que ella no está en contra de bajar la edad de imputabilidad ni anda «romantizando» delitos, sino que el problema pasa por las condiciones edilicias. Una excusa barata para seguir demorando una herramienta clave contra la delincuencia juvenil.
"Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado", sentenció Macri. Una postal clara de cómo la justicia K busca boicotear cualquier avance firme contra el delito.
