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EL DIARIO digital
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Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para terminar con los delitos desde los penales, obligar a los internos a afrontar los costos de su detención y establecer un régimen de vestimenta según la peligrosidad.
El bloque de La Libertad Avanza impulsa una profunda reforma del régimen carcelario con el objetivo de erradicar los delitos cometidos desde el interior de los penales y ordenar el sistema penitenciario bajo estrictos criterios de responsabilidad y mérito. La iniciativa, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para establecer la prohibición efectiva de los teléfonos celulares, un control riguroso de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención.
El proyecto surge como una respuesta firme para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
"Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda"
, sostuvo el legislador nacional.
Arancel Único Carcelario y uso obligatorio de uniformes
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), un pago mensual que los reclusos deberán afrontar para cubrir los costos de los servicios generales y la alimentación que consumen mientras cumplen su condena.
Al respecto, Martínez señaló:
"La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal"
. En la misma línea, remarcó que el ciudadano común que trabaja todos los días paga sus propias cuentas, por lo que quienes infringen la ley también deben hacerse cargo de sus obligaciones cotidianas.
Asimismo, la normativa establece el uso obligatorio de uniformes estandarizados en color beige o marrón claro. La vestimenta incluirá líneas verticales para reflejar el nivel de peligrosidad del interno, clasificado en tres categorías: una línea para peligrosidad leve (al frente y al dorso), dos líneas para los de nivel medio, y tres para los de máxima peligrosidad. Quienes se encuentren próximos a recuperar su libertad vestirán prendas totalmente lisas. Desde el espacio oficialista aclararon que la medida se ajusta al principio de igualdad y busca un ordenamiento operativo claro.
Regulación estricta de las comunicaciones
En cuanto a las comunicaciones, la iniciativa redefine los artículos 158 y 161 de la normativa vigente. Si bien se garantiza el contacto periódico con familiares, representantes legales y organismos oficiales, se fijan límites estrictos para bloquear el acceso irregular a la tecnología.
Cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para comunicarse exclusivamente con una lista acotada de cinco números telefónicos, cuyos titulares deberán estar previamente identificados y validados en la instancia judicial de ejecución de la pena. El esquema contempla el uso de teléfonos de línea y videollamadas supervisadas destinadas exclusivamente a mantener el vínculo familiar y agilizar las gestiones con los defensores, evitando traslados innecesarios.
Reordenamiento del trabajo penitenciario
El proyecto también apunta a transformar de raíz el sistema de trabajo dentro de los penales y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional correspondientes al 31 de diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Federal albergaba a 11.728 personas, de las cuales 7.545 percibían algún tipo de remuneración en concepto de peculio.
Sin embargo, el informe oficial reveló que solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con la reinserción, mientras que otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento y limpieza ("fajina"). Esto significaba que apenas el 38,72% de quienes percibían ingresos desarrollaba tareas productivas, pese a que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525 —de los cuales el 75% se destinó al pago de peculios, muchas veces sin una finalidad productiva real—.
Ante este escenario, la propuesta busca reconvertir las actividades improductivas en labores que aporten valor a la reinserción social, incorporando metas progresivas, capacitaciones vinculadas a la economía real y la participación controlada de empresas privadas.
Esta iniciativa se complementa con otra propuesta impulsada previamente por el diputado Martínez en abril, la cual proyecta penas de uno a tres años de prisión para aquellos internos que sean descubiertos en posesión de un teléfono celular dentro de un establecimiento carcelario, elevando la condena de tres a cinco años si el dispositivo se utilizó para perpetrar un delito.
