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EL DIARIO digital
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Con una jugada a fondo, la Fiscalía recurrió la cautelar de la jueza Marta Pascual que había frenado la nueva ley penal juvenil en territorio bonaerense. Acusan al fallo de avasallar al Congreso y usar el hábeas corpus para blindar a los delincuentes.
La pachanga judicial que le pone palos en la rueda al sentido común en la provincia de Buenos Aires sumó este martes un nuevo capítulo de alta tensión política. Es que la Fiscalía salió con los tapones de punta a apelar la resolución de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil, Marta Pascual, quien había tenido la feliz idea de suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la flamante ley penal juvenil —esa que fija la edad de imputabilidad en los 14 años— en territorio bonaerense. El objetivo del recurso es que la medida cautelar quede totalmente sin efecto mientras la Cámara de Apelación y Garantías se digna a intervenir.
La movida legal fue instrumentada por la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que responde a la Fiscalía General Departamental de Lomas de Zamora. Todo esto se da en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo que impulsó la agrupación Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Con la firma del fiscal Hernán Cerutti, la presentación desmenuzó y pulverizó la decisión que la magistrada había dictado el último lunes contra la norma que busca ponerle fin a la puerta giratoria para los menores que delinquen.
Un cachetazo institucional al activismo judicial
La apelación no escatimó en munición gruesa y dejó en evidencia el claro tufillo político del fallo original. Desde la Fiscalía le marcaron la cancha con dureza a Pascual, a quien acusaron de haber utilizado una herramienta noble como el hábeas corpus para pasar por encima de las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo y los pasos legales de una norma que ya está plenamente vigente.
En el escrito, los fiscales fueron lapidarios al señalar que la jueza se mandó a suspender una ley nacional sin tener la más mínima información respaldatoria sobre su verdadero impacto, y lo que es peor aún, sin haber acreditado en el expediente ninguna afectación concreta, actual o inminente sobre la libertad de un solo adolescente. Mientras la izquierda y los sectores corporativos intentan voltear en los tribunales lo que las urnas y los representantes del pueblo ya decidieron, el Gobierno nacional sigue firme en su hoja de ruta para ordenar el país.
