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EL DIARIO digital
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El círculo alrededor del entorno de Manuel Adorni suma otra causa sensible. El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual funcionario del Ministerio de Defensa, en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La causa nació a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello.
El foco: el crecimiento patrimonial
La investigación pone bajo la lupa un punto concreto: la evolución del patrimonio declarado por Francisco Adorni en apenas un año.
Según la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción:
En 2024 declaró bienes cercanos a los 43 millones de pesos
En 2025 el patrimonio superó los 80 millones
Ese salto patrimonial activó las sospechas judiciales.
El dato que despertó la denuncia
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cancelación anticipada de un crédito hipotecario de monto elevado en un plazo muy corto.
Según la denuncia:
La compra de un vehículo podría encajar dentro de sus ingresos
Pero el pago total del préstamo hipotecario en apenas un año genera dudas sobre el origen de los fondos
La Justicia ahora intentará determinar si existieron ingresos no declarados, operaciones incompatibles con su salario o movimientos financieros irregulares.
Más de 30 organismos bajo requerimiento
Como primeras medidas, Marijuán pidió información a más de 30 organismos públicos y privados para reconstruir el mapa económico y patrimonial del funcionario.
La intención es seguir el rastro de:
Cuentas bancarias
Bienes registrados
Movimientos financieros
Posibles operaciones sospechosas
Defensa, cargos y poder
Francisco Adorni ocupó cargos relevantes dentro del Ministerio de Defensa. Primero estuvo al frente de la Unidad de Auditoría Interna y luego fue designado en el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares.
El dato político agrega peso al expediente: se trata del hermano de uno de los funcionarios más visibles y cercanos al presidente Javier Milei.
Una investigación que recién arranca
Por ahora, la imputación marca el inicio formal de la causa y no implica culpabilidad. Pero sí habilita una etapa clave: la recolección de pruebas y el análisis detallado de la evolución patrimonial.
Y en un Gobierno que llegó al poder prometiendo combatir privilegios y corrupción, cualquier sospecha sobre enriquecimiento dentro del entorno oficial adquiere un impacto político mucho mayor que el estrictamente judicial.