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EL DIARIO digital
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El Gobierno pisó el acelerador y ejecutó uno de los movimientos más sensibles de su política social: el final del esquema heredado del Potenciar Trabajo. Desde abril, cerca de 900 mil beneficiarios dejarán de cobrar los $78 mil mensuales y deberán subirse —si quieren seguir dentro del sistema— a un nuevo modelo basado en vouchers de capacitación.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, no es un simple ajuste administrativo. Es un giro de fondo: menos asistencia directa, más exigencias y un mensaje claro hacia las organizaciones sociales, que quedan corridas del tablero.
El corte es concreto: se termina Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo, que había nacido como transición, ya tiene fecha de vencimiento. El 9 de abril será el último pago. Después, el esquema cambia por completo.
En los últimos días, los beneficiarios empezaron a recibir notificaciones por la app Mi Argentina y por correo electrónico. El aviso no deja margen para dudas: el plan se termina y, en su lugar, aparece una nueva puerta —no automática— hacia la capacitación laboral.
De ingreso fijo a "ganarse" el beneficio
El nuevo sistema rompe con la lógica anterior. Ya no habrá transferencias mensuales generalizadas. Ahora, el acceso al dinero estará condicionado.
Los vouchers serán entregados directamente a cada persona, que deberá elegir cursos dentro de una red de formación que el Gobierno todavía está terminando de armar. No hay intermediarios. No hay organizaciones administrando fondos. El control vuelve al Estado… y también la responsabilidad al beneficiario.
Pero hay una diferencia clave: si no cumplís, quedás afuera.
El esquema incluye requisitos estrictos de asistencia y permanencia. Quien abandone pierde el beneficio y no podrá volver a entrar. Es un modelo más cercano a la lógica de "inversión en capital humano" que a la asistencia clásica.
El trasfondo político: fin de la intermediación
Detrás del rediseño hay una decisión política de fondo. El oficialismo quiere cortar definitivamente con el rol de las organizaciones sociales en la administración de planes.
El mensaje es directo: el dinero va a la persona, no a estructuras intermedias. Una señal que apunta a desarmar uno de los núcleos de poder más cuestionados por el Gobierno desde el primer día.
No todos seguirán en el sistema
En Casa Rosada lo admiten sin rodeos: no esperan que los 900 mil beneficiarios migren automáticamente al nuevo esquema.
Habrá quienes se capaciten. Otros quedarán afuera, ya sea por falta de interés o porque ya tienen ingresos informales. En ese punto, el Gobierno hace una lectura polémica: muchos planes, sostienen, no eran el ingreso principal de quienes los cobraban.
Dos universos bien distintos
El recorte no alcanza a todos. Unos 300 mil beneficiarios considerados con mayores dificultades para insertarse laboralmente seguirán bajo un esquema más asistencial.
Pero el grueso —los 900 mil— queda bajo esta nueva lógica. Es ahí donde el Gobierno apuesta a mostrar resultados en términos de empleo y formación.
Un cambio que redefine la política social
El cierre del Potenciar Trabajo no es sólo el fin de un programa. Es el intento de redibujar el vínculo entre el Estado y los sectores más vulnerables.
Menos contención directa, más exigencia individual. Menos organizaciones, más decisión personal.
La incógnita, ahora, no es menor: cuántos lograrán subirse a este nuevo esquema… y cuántos quedarán definitivamente afuera.
