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Revés judicial para la CGT: rechazaron el amparo que buscaba frenar un punto clave de la reforma laboral

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La ofensiva judicial de la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral sufrió un duro golpe. La Justicia desestimó el pedido de la central obrera que buscaba frenar la aplicación de artículos vinculados al traspaso de competencias de la justicia laboral nacional hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo fue firmado por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, quien rechazó la medida cautelar presentada por la CGT mientras se resuelve el fondo de la disputa judicial.

Qué buscaba frenar la CGT

El planteo sindical apuntaba directamente contra los artículos 90 y 91 de la reforma laboral, que establecen el traslado de funciones de la Justicia Nacional del Trabajo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- La central sindical había solicitado:

- La nulidad e inconstitucionalidad de esos artículos.

- Una medida cautelar innovativa para suspender su aplicación inmediata.

- Que el traspaso de competencias quedara congelado hasta que hubiera una sentencia definitiva.

La presentación judicial había sido realizada el 6 de marzo, poco después de que el Congreso sancionara la reforma laboral y antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

El argumento del juez

En su resolución, Lavié Pico resolvió rechazar la cautelar, lo que en la práctica permite que los artículos cuestionados sigan vigentes mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado consideró que no estaban dadas las condiciones jurídicas necesarias para frenar de manera urgente la aplicación de la norma, una herramienta excepcional que suele utilizarse solo cuando se acredita un perjuicio inmediato e irreparable.

Un conflicto que sigue abierto

Aunque el fallo representa un revés para la CGT, la disputa judicial todavía no está cerrada. El expediente continuará su trámite para analizar el planteo de fondo sobre la constitucionalidad del traspaso de competencias laborales.

Para el Gobierno, la medida forma parte de un proceso más amplio de reorganización judicial. Para los gremios, en cambio, el cambio podría debilitar el sistema de protección laboral al modificar el ámbito donde se tramitan los conflictos entre trabajadores y empleadores.

Mientras tanto, el fallo marca un primer capítulo en una batalla legal que promete seguir escalando en los tribunales y que se suma a la tensión política alrededor de la reforma laboral.

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