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EL DIARIO digital
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La batalla judicial derivada de la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar el decomiso de una serie de propiedades que actualmente figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La presentación apunta contra la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en el marco de la ejecución de la sentencia de la causa Vialidad, expediente por el cual la exmandataria cumple una condena de seis años bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
A través de su abogado, Carlos Beraldi, la exjefa de Estado solicitó la intervención directa del máximo tribunal para revisar la medida que habilita el avance sobre 19 bienes que forman parte del patrimonio de sus hijos.
Según la defensa, la resolución judicial implica una vulneración del derecho de propiedad y del principio de legalidad. En el escrito presentado ante la Corte, Beraldi cuestionó que el decomiso alcance activos cuyo origen, sostiene, fue legal y cuya vinculación con los hechos investigados no habría sido demostrada de manera concreta.
Uno de los principales argumentos del planteo radica en que los bienes cuestionados no serían producto ni beneficio directo de los delitos investigados en la causa. Para la defensa, la interpretación realizada por los tribunales amplía de manera indebida el alcance de la figura del decomiso prevista en el Código Penal.
El foco de la disputa está puesto sobre un conjunto de 19 propiedades que incluyen departamentos, viviendas y terrenos ubicados principalmente en la provincia de Santa Cruz. Entre ellos figuran diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, además de varios lotes en la zona de Lago Argentino.
Desde el Tribunal Oral Federal N.º 2 se respaldó la inclusión de esos bienes dentro de los activos susceptibles de recuperación, al considerar que fueron adquiridos durante el período temporal analizado en la investigación y que forman parte del patrimonio alcanzado por la sentencia.
La defensa de la familia Kirchner, en cambio, sostiene que no existe prueba que demuestre que dichas propiedades constituyan el producto o provecho de los delitos juzgados. Además, afirma que los inmuebles fueron incorporados mediante operaciones legales y con fondos de origen lícito.
Mientras la Corte Suprema analiza si acepta tratar el recurso presentado por la expresidenta, continúa abierta una nueva disputa judicial que podría resultar determinante para el futuro patrimonial de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.