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EL DIARIO digital
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El juicio por la causa Cuadernos continuará este jueves, desde las 9.30, con la lectura de las últimas 51 fojas correspondientes al tramo conocido como "La Camarita", una de las piezas clave del expediente que investiga un presunto esquema de cartelización y recaudación ilegal en la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
"La Camarita" es el desprendimiento de la causa principal que analiza el rol de la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV) y el funcionamiento de un sistema mediante el cual, según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, un grupo de empresas pactaba adjudicaciones, sobreprecios y el pago de retornos ilegales a funcionarios nacionales.
El martes último, en una audiencia que se extendió durante más de cuatro horas, declararon varios empresarios del sector de la construcción en calidad de arrepentidos. En sus testimonios, describieron un entramado de presiones, exigencias económicas y amenazas que, según sostuvieron, condicionaba la posibilidad de continuar trabajando en la obra pública.
Entre los declarantes estuvo Patricio Gerbi, presidente de la constructora COARCO, quien aseguró que las presiones comenzaron poco después de la firma de contratos de concesión vial. Relató que Claudio Uberti, entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), le transmitió a su socio que "por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias".
Gerbi sostuvo que, tras una negativa inicial, su empresa comenzó a sufrir inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. "Me decía 'te voy a hacer fundir', 'me voy a quedar con tu empresa', 'voy a ir por vos y por tu familia'", declaró. Según su testimonio, esas presiones derivaron en la entrega de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos que oscilaban entre 15.000 y 25.000 dólares por ocasión.
En la misma línea declaró Juan Chediak, titular de la empresa homónima, quien afirmó haber recibido exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. "Si querés seguir trabajando tenés que pagar", recordó que le dijo en una reunión realizada en su domicilio.
Las declaraciones de Aldo Roggio, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg también apuntaron a un esquema sistemático de recaudación ilegal y cartelización que, según los empresarios, definía quién accedía a las obras y quién quedaba excluido del circuito.
Con la lectura de las últimas fojas de "La Camarita", el tribunal avanzará en el cierre de este tramo del juicio, que reúne testimonios sensibles y vuelve a colocar en el centro de la escena judicial a exfuncionarios del kirchnerismo y al funcionamiento de la obra pública durante ese período.
