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EL DIARIO digital
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Una encuesta nacional desnuda el derrumbe del sistema previsional y sanitario: inflación de tres dígitos, pensiones equivalentes a menos de 9 dólares y adultos mayores obligados a trabajar para sobrevivir.
La vejez en Cuba dejó de ser un derecho y se convirtió en un acto de resistencia. Un estudio nacional realizado entre septiembre y octubre expuso con brutal claridad lo que ya era un secreto a voces: el 99% de los jubilados cubanos no logra cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda o medicamentos. La cifra habla por sí sola: es prácticamente la totalidad de los adultos mayores del país.
La encuesta, elaborada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), recogió experiencias de 506 personas mayores de 60 años en provincias como La Habana, Cienfuegos, Artemisa, Matanzas y Sancti Spíritus. Aunque la muestra no es estadísticamente representativa, su fotografía es contundente: pobreza estructural, abandono institucional y una vida cotidiana marcada por el deterioro del sistema previsional y sanitario.
Según datos oficiales de la ONEI, en 2024 Cuba registraba 1.774.310 beneficiarios de la seguridad social y una pensión media de 2.192 CUP. En 2025, el gobierno anunció un ajuste que llevó las pensiones más bajas a 4.000 CUP. Pero el alivio duró poco: la inflación real —según economistas independientes— supera los tres dígitos, pulverizando cualquier incremento. El resultado es una ecuación imposible: 4.000 CUP equivalen a menos de 9 dólares en el mercado informal, cuando la canasta alimentaria básica en La Habana supera los 12.000 CUP por persona.
La brecha entre el discurso oficial y lo que ocurre en la calle es abismal. Nueve de cada diez jubilados siguen trabajando tras el retiro, y el 97,8% admite que debió recurrir a ingresos informales para no pasar hambre: venta ambulante, oficios domésticos, custodia nocturna, recolección de materias primas, arreglos de carpintería, plomería o electricidad. La llamada "economía informal" se transformó en la última tabla de salvación para un país donde el salario y la pensión ya no garantizan nada.
El estudio también revela el desplome del sistema de salud. El 95,7% tuvo dificultades para acceder a medicamentos, diagnósticos o consultas básicas; el 96,4% afirma que hospitales y hogares de ancianos no brindan condiciones mínimas; y el 98,8% percibe un deterioro generalizado de la atención médica. Entre los testimonios, las frases se repiten con crudeza: "No hay medicamentos ni calidad de vida", "La atención médica es un desastre". En muchos centros faltan agujas, antibióticos e incluso electricidad.
La prohibición de la medicina privada quedó en los papeles. El 93,7% admite haber tenido que acudir a consultas informales y de pago, un mercado clandestino tolerado por el propio Estado ante el colapso del sistema público. La salud dejó de ser un servicio garantizado y pasó a ser un privilegio de quienes pueden pagar algo extra.
El panorama material tampoco ofrece refugio: la mayoría de los ancianos vive en viviendas con humedad, moho, filtraciones o riesgo de derrumbe. La lluvia es sinónimo de miedo.
En paralelo, la crisis migratoria sigue vaciando la isla. Más de tres millones de cubanos viven fuera del país, y las remesas —que en 2023 alcanzaron 1.972 millones de dólares— cayeron un 43% al año siguiente. Con hospitales saturados, pensiones que no cubren ni una semana de gastos y un país que envejece aceleradamente, los mayores sobreviven como pueden: solos, conectados a hijos y nietos por videollamadas, aferrados a ayudas familiares que también se derrumban.
La encuesta deja un mensaje unánime: el sistema de pensiones no alcanza ni para empezar, y los adultos mayores sienten que sus décadas de trabajo desaparecieron en una economía que ya no les devuelve nada. El 98,2% exige que las pensiones se ajusten automáticamente al costo de vida. Pero mientras la inflación arrasa y el Estado mira hacia otro lado, el hambre avanza, la salud colapsa y la vejez en Cuba se transforma en un camino sin protección y sin garantías.
