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EL DIARIO digital
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El empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado por la justicia federal en la causa que investiga la muerte de 96 pacientes tras la aplicación de fentanilo contaminado. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó además un embargo por un billón de pesos sobre sus bienes.
La decisión alcanza también a otros directivos de las compañías involucradas, quienes habían sido indagados en las últimas semanas. Todos enfrentan cargos bajo el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé penas de 10 a 25 años de prisión para los responsables de envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales con resultado de muerte.
La investigación cobró impulso a partir de un informe clave del Instituto Malbrán, que detectó graves fallas en la producción de las ampollas. Los especialistas alertaron sobre defectos en el llenado y sellado, procedimientos de control deficientes y prácticas que ponían en riesgo la esterilidad. Incluso se identificó la presencia de bacterias altamente peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae multirresistente, que coincidían genómicamente con las halladas en los pacientes fallecidos.
García Furfaro ya tenía antecedentes penales: en 2002 fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Más tarde se volcó al negocio farmacéutico y consolidó un grupo de laboratorios y droguerías, hoy bajo la lupa judicial.
A la par de la causa por el fentanilo adulterado, enfrenta otro procesamiento por contrabando agravado: habría declarado en la Aduana la importación de maquinaria desde China por cinco millones de dólares, cuando el valor real era de 500 mil.
Por la magnitud del caso y la cantidad de víctimas, la causa se perfila como uno de los procesos judiciales más graves de la industria farmacéutica en el país.
