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Cuadernos de las Coimas: la fiscalía y la UIF cerraron la puerta a los pagos de empresarios para zafar del juicio

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El Tribunal Oral Federal 7 rechazó la estrategia de casi 50 imputados que pretendían ofrecer dinero y bienes para evitar sentarse en el banquillo en la causa Cuadernos. El juicio, con Cristina Kirchner entre los acusados centrales, arrancará el 6 de noviembre.

La audiencia de este viernes, realizada de manera virtual, dejó una definición tajante: tanto la fiscal general Fabiana León como la Unidad de Información Financiera (UIF) rechazaron las propuestas de empresarios y exfuncionarios que buscaban extinguir la acción penal mediante el mecanismo de "reparación del daño".

"Esta fiscalía no vende impunidad, señores jueces", lanzó León ante los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, al rechazar los ofrecimientos que en algunos casos superaban los 800 millones de pesos. Entre los empresarios que se presentaron figuran nombres de peso: Enrique Pescarmona, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Sergio Taselli, Mario Maxil y Juan Carlos De Goycochea, entre otros.

Hubo propuestas insólitas: Taselli ofreció apenas 10 mil dólares, mientras que el financista Ernesto Clarens puso sobre la mesa un barco y un departamento en Estados Unidos valuados en 1,5 millones de dólares. El exjefe de Gabinete Juan Abal Medina, en tanto, ofreció 60 millones de pesos.

La UIF, querellante en la causa, también pidió rechazar todos los planteos. Ahora la definición queda en manos del TOF 7, que deberá resolver antes del inicio del proceso previsto para el 6 de noviembre.

La causa Cuadernos tiene 174 acusados, 30 arrepentidos, 26 calificaciones legales distintas y 540 hechos en investigación. El expediente nació de las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre presuntas entregas de bolsos con coimas, y derivó en la detección de un circuito de operaciones que movió al menos 70 millones de dólares, invertidos en propiedades en Argentina, Miami y el Caribe.

El juicio, que podría extenderse entre 10 y 20 años por la magnitud de la prueba y los más de 600 testigos convocados, tendrá a Cristina Fernández de Kirchner como la principal acusada de encabezar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos en la obra pública.

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