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EL DIARIO digital
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El Ejecutivo evalúa cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para que pase a ser monitoreada directamente por el Ministerio de Salud, con el fin de controlar las licitaciones tras el escándalo de presuntas coimas.
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de modificar la estructura administrativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que se vio envuelto en un escándalo por los audios filtrados de su exdirector, Diego Spagnuolo, quien acusó a funcionarios de un entramado de coimas con la droguería Suizo Argentina. Fuentes cercanas a la Casa Rosada confirmaron que se evalúa transformar la ANDIS, actualmente un organismo descentralizado, en una dependencia más controlable bajo el Ministerio de Salud.
"Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella", explicó un alto funcionario de la presidencia. La decisión de avanzar con esta medida se aceleró a raíz de la intervención de la agencia, que otorga nuevas facultades al funcionario Alejandro Vilches, designado por el Ministro Mario Lugones.
La ANDIS, creada en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri, tiene actualmente personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le permite llevar a cabo sus propios procesos licitatorios. La última gestión de Spagnuolo, hasta su remoción, había iniciado 31 procesos licitatorios, lo que motivó el reclamo del Gobierno para supervisar estos procedimientos. Desde la intervención, se ha permitido al Ministerio de Salud revisar los números de las licitaciones, algo que antes no era posible debido a la naturaleza descentralizada de la agencia.
La polémica se desató luego de la filtración de audios en los que Spagnuolo hablaba sobre un supuesto pacto de coimas relacionado con la droguería Suizo Argentina, que ganó una licitación millonaria para la distribución de medicamentos. Aunque se asegura que el proceso fue competitivo, las autoridades nacionales decidieron iniciar una auditoría para esclarecer los hechos. A pesar de que aún no se han realizado pagos por el contrato adjudicado a Suizo Argentina, la situación sigue siendo motivo de revisión por parte del Ministerio de Salud.
El cambio administrativo que propone el Gobierno también implica un análisis profundo de los contratos realizados durante la gestión de Spagnuolo, especialmente en el marco del programa Incluir Salud, que proporciona cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas. La auditoría será clave para determinar las responsabilidades y posibles irregularidades en los vínculos comerciales entre el Estado y la droguería, propiedad de la familia Kovalivker.
