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EL DIARIO digital
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Migraciones y Renaper incorporaron tecnología para agilizar y reforzar la seguridad en los traslados internacionales de menores de edad. La medida elimina el doble control y concentra la responsabilidad en los puestos migratorios oficiales.
La Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, implementó un nuevo sistema para la Autorización de Viaje de Menores, incorporando tecnología que permite un control más eficiente y seguro en los traslados internacionales de menores de edad. La medida fue desarrollada en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y permite que la autorización quede registrada electrónicamente en el pasaporte del menor al momento de su emisión, lo que reduce la carga burocrática y simplifica significativamente los trámites para madres, padres y tutores.
Además, al formulario emitido por Migraciones se le incorporó un código QR que permite validar en tiempo real la firma digital y la autenticidad del documento, lo que agiliza los controles migratorios. Con esta innovación, el control queda exclusivamente a cargo de los funcionarios migratorios en los puestos de egreso del país, sin necesidad de validación por parte de empresas de transporte, permitiendo mayor trazabilidad y seguridad.
La Autorización de Viaje puede gestionarse en más de 100 dependencias de Migraciones en todo el país, incluyendo delegaciones, oficinas migratorias y pasos fronterizos. Actualmente existen tres modalidades de tramitación: la opción normal, con un plazo de 10 días hábiles; la modalidad exprés, con una demora de 48 horas; y la alternativa "al instante", que se entrega en apenas 2 horas. Las autorizaciones pueden emitirse para un único viaje, por un período de tiempo determinado, o hasta que el menor alcance la mayoría de edad.
Este permiso es obligatorio cuando el menor viaja solo, con sólo uno de sus progenitores o tutores, o si lo hace acompañado por un tercero. En los casos en que viaje con ambos padres, solo será necesario presentar la documentación que acredite el vínculo.
Meses atrás, el Gobierno eliminó la obligación de las empresas de transporte internacional de verificar los permisos que requieren los niños, niñas y adolescentes que los habilita a ingresar o salir del país. La decisión, dictada por la Dirección Nacional de Migraciones, dividió opiniones. Los más críticos advirtieron que la desregulación de estas inspecciones podría implicar mayores riesgos frente a delitos como la trata de personas, mientras que desde el Poder Ejecutivo aseguraron que los controles quedan garantizados por el personal oficial en los pasos fronterizos.
La disposición 166/2025, publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial, reemplazó la normativa vigente hasta los primeros días del año. Antes, las empresas de transporte internacional estaban obligadas a constatar la identidad de los menores y la autorización de sus tutores. También debían verificar la documentación de residencia de los extranjeros que entraban o salían del país. Luego, los pasajeros debían presentar esos mismos documentos ante Migraciones.
Con la nueva resolución, el sector privado está dispensado de requerir esa documentación, ante las facilidades que otorgan las modalidades de contratación y check-in remoto. Esa exigencia previa representaba una burocracia adicional para las compañías.
De todas formas, fuentes oficiales del Ministerio del Interior confirmaron que los permisos siguen siendo requeridos en los controles migratorios oficiales. Es decir, las familias aún deben contar con los certificados obligatorios, más allá de que ya no se los exija la aerolínea o empresa de transporte.
"Nadie puede salir del país con un menor sin pasar por Migraciones y sin tener los papeles correspondientes presentados. Eso no se modifica", explicaron desde el Gobierno. La abogada especializada en derecho penal y migratorio Deborah Huczek sostuvo que "no se flexibilizaron los controles, recaen las mismas exigencias; lo que se eliminó es el 'doble check'". Según la experta, el nuevo sistema va en línea con los estándares de otros países como Estados Unidos, donde el único control real es el migratorio, y no el de las empresas transportistas.
