La expropiación es "el último recurso" pero "no significa que esté descartada"

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en la Residencia de Olivos con el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, para "buscar una propuesta superadora", pero "no significa que esté descartada la expropiación".

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que "hoy la expropiación es el último recurso" pero "no significa que esté descartada".

"Insistimos en buscar una propuesta superadora. No significa que esté descartada la expropiación, está en stand by. Hoy la expropiación es el último recurso", manifestaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al Presidente.

En ese marco, Delgado afirmó que repasó con el jefe de Estado "todas las alternativas", y aclaró que "el propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo".

"Con Alberto Fernández analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar", publicó Delgado en redes sociales.

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El encuentro se produjo luego de que en la jornada del pasado sábado un grupo de productores agropecuarios, sectores de la oposición y autoconvocados llevaron adelante una protesta en distintos puntos del país contra la posible expropiación de la cerealera.

En los últimos días, desde el Gobierno de Santa Fe se avanzó en una presentación judicial ante el juez del concurso que fue avalada por Nación. Aunque en principio pareció ser una "marcha atrás" en el anuncio de la expropiación, luego el propio presidente dijo que la idea es que los actuales dueños no sigan en la empresa que endeudaron millonariamente.

La presentación de Santa Fe.

La presentación realizada por la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) de Santa Fe al juzgado en el que tramita el concurso preventivo de Vicentin solicita la intervención de la empresa porque "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación".

El texto, al que accedió Télam, indica que la administración de una sociedad requiere "lealtad y diligencia" pero que no basta "sólo con una conducta honesta" –que pone en duda en el caso de Vicentin- sino que demanda "talento para conducir el giro empresario".

"El recaudo de probidad es condición necesaria, pero no suficiente. Además hay que administrar con idoneidad para buscar el resultado económico", sostiene la presentación realizada en el juzgado civil y comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini.

La presentación no hace referencia a una potencial expropiación de los activos del grupo ni a ninguna forma de continuidad de la administración de la empresa, más que la sustanciación del concurso preventivo de acreedores.

La titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, pidió al juez que desplace al directorio de Vicentin SAIC de la administración de la empresa para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores.

Y nomina a los dos designados por el decreto 522/2020, Gabriel Delgado como presidente, Luciano Zarich como vice, a quienes suma como vocal al santafesino Alejandro Alberto Bento.

La presentación, que tendrá que resolver el juez, se funda en "el poder de policía societaria" que la ley le asigna a la IGPJ, "definido como el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias con la finalidad de preservar la existencia de bienes considerados comunes".

En sus considerandos, señala que "la intervención busca otorgar continuidad y transparencia al manejo societario, contribuyendo desde el Estado a la conservación de la empresa, situación que recién se consolidaría con la finalización del concurso preventivo".

Además, menciona que "el interés público" en el que se fundamenta el pedido de intervención "está presente de modo evidente y con múltiples manifestaciones: aspectos societarios propiamente dichos pero también productivos, laborales, sociales, demográficos y ambientales".

El documento puntualiza que, de acuerdo a la información que la propia Vicentin presentó en el expediente del concurso, la empresa tiene activos por unos $100.000 millones, similares a las deudas que le son reclamadas en el proceso.

Y plantea que el único modo de satisfacer las acreencias es a través de la continuidad de la operación de la agroexportadora.

"Un análisis genérico y limitado propio de este momento (…) indica que su futuro y la satisfacción de los créditos de sus acreedores están claramente ligados al flujo de fondos que la continuidad de las actividades empresarias produzca y no al producido de sus bienes".

La presentación del gobierno de Santa Fe sustenta también el pedido de intervención en que los directivos de la empresa "no están a la altura de las circunstancias para este cometido" ya que, subraya, "son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público".

"Los administradores actuales han demostrado no estar a la altura de las circunstancias, lo que sustenta este pedido", señala, y realiza un detallo análisis de la trama societaria de Vicentin, que incluye sociedades extranjeras que controlan a la empresa local.

También reseña que existen tres demandas contra el grupo por presunta mala administración o delitos económicos, tanto en el país como en el exterior.

"El breve tiempo transcurrido hace que estén en etapa de investigación. Pero la gravedad de la situación no permite esperar el resultado para actuar", señala la presentación de la IGPJ santafesina.

Y agrega que "el peligro en la demora es evidente, porque está en juego la continuidad de la empresa, con ella, la suerte de muchos: acreedores, trabajadores, productores regionales, cooperativas, entre otros".

Anuncio y fallo judicial.

La intervención de Vicentin fue anunciada por el Presidente el pasado 8 de junio, tras la publicación de un decreto que dispuso la intervención de la compañía por parte del Poder Ejecutivo, en medio de un concurso de acreedores.

La empresa se encuentra en una cesación de pagos, con una deuda por más de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación que se suma a la que mantiene con acreedores privados y productores agropecuarios.

Sin embargo, el proyecto anunciado no fue enviado al Congreso de la Nación, y en el medio hubo un fallo judicial que modificó la situación e intensas gestiones por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para tratar de destrabar el conflicto sin recurrir a la expropiación.

El pasado viernes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de acreedores de Vicentin, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días, al tiempo que estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, quede como veedor.

El viernes a última hora, Perotti anunció una propuesta para la creación de un órgano Interventor y una administración mixta que, según dijo, cuenta con el apoyo del Gobierno.

Antes de que se realizara la movilización, Fernández señaló que si la Justicia no acepta la propuesta de Perotti, el único camino para destrabar la situación de Vicentin será la expropiación.