El Gobierno envió al Congreso la "Ley de Hojarascas" para eliminar 70 normas obsoletas

El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada "Ley de Hojarascas", un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes. La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentada en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento del Estado y restringen derechos.

En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retoma los fundamentos expuestos en octubre de 2024, cuyo contenido perdió estado parlamentario. El análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos. El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil genera burocracia y sobrecostos, y en algunos casos ha sido utilizada para bloquear actividades legítimas o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho.

Entre los ejemplos citados se encuentran regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un "carnet de mochilero" y la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales. También se busca eliminar fondos y organismos que dejaron de operar, como la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas o la antigua ley de vacunación contra la viruela, superada por la Ley N° 27.491.

El proyecto también apunta a leyes desfasadas por el avance tecnológico, como la Ley N° 21.895 que autorizaba la televisión a color, y normas que limitan libertades individuales. En este grupo aparece la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones contra el país, y la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre reuniones privadas, calificada como inconstitucional.

Asimismo, se propone eliminar cargas burocráticas como el registro de mapas oficiales para etiquetas de vino y la supresión de financiamiento nacional para entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que deberán subsistir con recursos propios. El detalle incluye la anulación de normas que aún prescriben penas de prisión por causas superadas y beneficios para padrinazgos presidenciales hoy carentes de aplicación.