Opinion

La mano del Estado y la inflación indomable

La semana que pasó tuvo novedades de fuerte decisión política, pero con señales controvertidas. Mientras la Provincia hace un denodado esfuerzo para sostener la actividad económica y el poder adquisitivo, desde la administración central no bajan las mejores noticias.

Una de cal...

La pésima situación económica por la que atraviesa el país no ha sido óbice en la provincia, afortunadamente, para que se avance en derechos que benefician a los trabajadores y tienen como objetivo defender el golpeado bolsillo con el que enfrentan el sustento diario de ellos y sus familias.

Así lo demuestra, por ejemplo, la decisión del Gobierno y del Banco de La Pampa de modificar el régimen previsional de los empleados y empleadas de la entidad financiera provincial, dotando de mayor previsibilidad a la etapa del retiro.

Entre otras modificaciones, se propone un "ajuste automático" de la movilidad jubilatoria de acuerdo a la pauta salarial de los trabajadores activos del BLP. Esto, claramente, garantiza una mayor estabilidad en las remuneraciones recibidas por los jubilados y jubiladas de la caja.

En la aplicación de la iniciativa también tiene que ver el gremio Asociación Bancaria, que mantuvo el reclamo en el tiempo. Garantizar su participación cuando el tema se debata en la Legislatura será -de alguna manera- una forma de merecido reconocimiento.

Otro ejemplo en el mismo sentido es lo que ocurrió la última semana cuando se conoció el dato de la inflación de agosto, con otro porcentaje impactante. Tal como se había acordado en la paritaria con los gremios de la Intersindical, el Gobierno provincial cumplió con el compromiso de activar la denominada "cláusula gatillo" para que los empleados y empleadas de la administración pública tengan un incremento en sus salarios en igual medida.

Ambas decisiones, pensadas principalmente en beneficio de los asalariados, demuestran que -más allá de la decisión política- lo que está detrás es la mano del Estado.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la reciente creación del Mercado Concentrador en Santa Rosa, que tiene como principal objetivo -se reconoció- combatir la inflación.

El mismo rol del Estado, también como "regulador y generador" de la economía, se puede apreciar en el esfuerzo de la actual gestión por mantener la obra pública, motorizadora como pocos de la generación de puestos de trabajo.

Así quedó demostrado en la confección del Presupuesto Nacional 2023, que prevé la inversión esperada en La Pampa. Incluso más allá del trago amargo de la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa, que ahora -se anunció- será una prioridad en la distribución de fondos que realizará el Gobierno provincial.

Y una de arena

El Gobierno nacional no puede parar la inflación y esa es una pésima señal: acumula el 56,4% en lo que va del año y suma un 78,5% interanual.

Además, la suba del Índice de Precios al Consumidor ya acumula seis meses por encima del 5% mensual, con el mes de julio con la variación más alta en los últimos 20 años.

El panorama para cerrar el año es alarmante, porque ya casi en el inicio del último trimestre se prevé un piso del 100% de inflación.

No hace falta ser especialista en nada para entender que una economía con inflación alta funciona mal. Así, bajo estas condiciones, no hay salario que no quede esmerilado. No hay poder adquisitivo que aguante.

La ropa, el equipamiento y mantenimiento del hogar, el transporte, los bienes y servicios varios y hasta los restaurantes son los rubros que más impulsaron la aguja de los precios hacia arriba. Es decir, lo que más impacto tiene en la vida cotidiana de los asalariados.

Encima, a los números incontrastables les siguió un silencio atronador de las autoridades. Algo curioso, y hasta llamativo, porque el desgaste en la legitimidad de cualquier Gobierno es inversamente proporcional a la tensión que se produce en las relaciones sociales.

Comer no puede ser un lujo, porque justamente es una necesidad básica de las personas. Y la respuesta a la inflación no puede estar solo en una receta técnica, que alimente siempre -como ocurre en la economía argentina- la historia de la manta corta.

Lo que pasó la semana pasada con el biodiésel es un claro ejemplo: la empresa ENRESA, instalada en Catriló, dejó de producir por el impacto negativo en sus costos del famoso "dólar soja", que benefició solo a una porción de la sociedad.

No hay muchas salidas: o el Estado nacional aumenta el precio del biodiésel o debe subsidiar el valor del aceite de soja. De otra manera, el negocio se vuelve inviable y el trabajo "a pérdida" tiene en el corto plazo un resultado más que conocido.

El mismo escenario que atraviesa la planta pampeana lo tienen el resto de las instaladas en diferentes puntos del país. Hasta el viernes, por ejemplo, no había sobre la mesa de negociación una salida posible.

En la semana que pasó también se tomó una decisión que no tiene que ver con la economía pero que no parece una buena señal hacia dentro del estrato social: entre gallos y medianoche el Gobierno provincial decidió extender la habilitación de la caza con jauría, en desmedro de un fallo judicial y del posicionamiento de las asociaciones protectoras de animales. Sí fue, claramente, un guiño a la presión pública que hicieron los cazadores.

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