Opinion

Una deuda saldada y otro conflicto con una vieja conocida

La sanción unánime de la Ley de Seguridad Ciudadana, aun con críticas opositoras, es un paso adelante que demoró un tiempo injustificable; la saludable caída de Portezuelo del Viento abrió el panorama a otra disputa con Mendoza por los recursos hídricos.

Una de cal…

La democracia pampeana al fin pudo sacarse de encima en la semana que se va una mochila vergonzosa que acompañaba su devenir cotidiano: las normas jurídicas de facto que regían el funcionamiento de la Policía pasaron a mejor vida a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana de la democracia.

Es inaceptable que hayan tenido que pasar casi cuatro décadas para que finalmente ese paso adelante sea una realidad, a partir de la voluntad política que hace un par de años puso el foco en lo que sobre el asunto tuvieran que decir organismos y sectores que eran justamente las víctimas de las normativas vigentes.

Es aun más saludable que la ley se haya votado por unanimidad, al menos en general, porque ratifica el volumen político de ese proyecto y confirma que el extendido consenso con el que se llegó a ese texto no es mito ni capricho, y además en todo caso se puede mejorar y modificar de aquí en adelante.

Es innegable que además de movimientos de derechos humanos y agrupaciones comunitarias, en el camino intervinieron profesionales, expertos, referencias de la Policía y de los retirados, aportaron las Intendencias y comisiones de fomento, se escuchó sobre el tema a jerarquizados especialistas y a autoridades nacionales de renombre.

Eso no impidió que -con toda legitimidad- bloques de la oposición manifestaran severas críticas, y que incluso patalearan negándole a la ley ese consenso: el radicalismo, en un documento posterior a la sesión, llegó a decir que "no hay nada que celebrar", una consideración que más bien obedece a la nueva estrategia de oposición más furibunda que la UCR busca como negocio electoral, también en franca puja con el extremismo macrista.

El PRO había hecho consideraciones previas que sostuvo contra la propuesta oficial, pero al final eligió darle su voto en general a la ley, para no quedar marcado en la historia como un partido que le negó su mano alzada a la erradicación de parte de las herencias dictatoriales.

El panorama se completó con la resentida actitud de un sector político que como estrategia de supervivencia prefiere ponerse en los márgenes: el tiernismo tiende a convertirse en caricatura de sí mismo, ahora -lejos de sus tiempos de gloria en que ansiaba un contacto con las masas- aspirando a conservar una porción de votos extremistas que le garanticen alguna representación institucional y recursos.

Las posturas opositoras, finalmente más críticas que de respaldo, son comprensibles en el contexto político actual: aunque las próximas elecciones ni fecha tienen ya están de modo excluyente en el radar del sistema político y eso hace que cada hecho o proceso se mida también con la vara de los réditos proselitistas.

Aunque no es una cuestión que tenga un impacto especialmente masivo, la gestión del gobernador Sergio Ziliotto podrá golpearse el pecho con la ley que acaba de salir, sobre todo porque ni siquiera sus antecesores, gobernadores del mismo partido, habían dado ese paso, posiblemente porque ni siquiera demostraron la voluntad de concretar ese cambio.

…y una de arena…

La provincia de Mendoza volvió a ratificar el posicionamiento resentido para con La Pampa, tratando de ignorar o desechar los legítimos planteos que ha hecho la provincia respecto de los recursos hídricos que le han sido birlados.

En la semana que se fue, la dirigencia política cuyana tuvo que dar por admitido lo que desde hace tiempo se sabe: la pretendida obra de Portezuelo del Viento es inviable desde diversos puntos de vista (político, ambiental, económico), según reconoce ahora el gobernador Rodolfo Suárez.

La fecha para aceptar como cierto lo que dibujaban con una ilusión en sentido contrario obedece al finiquitado plazo para que el presidente Alberto Fernández acepte laudar en el conflicto formalizado en el comité de cuenca: Mendoza acrecentó esperanzas en base a algunos antecedentes donde primó el lobby y a las reiteradas ambigüedades que ha mostrado el presidente como parte de su estilo.

Finalmente, Alberto cumplió muy cabalmente su compromiso con La Pampa y en ese sentido honró lo prometido: Portezuelo del Viento no sería realidad si alguna de las provincias afectadas no estaba de acuerdo.

Pero Mendoza tiene algunas características de su obrar en el ADN: no habían pasado más que algunas horas del reconocimiento del fracaso de Portezuelo ante la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental, que la provincia cuyana ya estaba tramando otra iniciativa que también afecta a La Pampa, que requiere de su aprobación y que la perjudica.

El ensayo cuyano es que la multimillonaria suma en dólares que se iba a destinar a Portezuelo vaya para el proyecto El Baqueano, que implicaría la construcción de una presa en el río Diamante, que forma parte del sistema que integran el Desaguadero-Salado-Chadileuvú- Curacó.

La Pampa enseguida hizo notar públicamente esa situación, no solo por medio de sus autoridades provinciales sino a través de organizaciones no gubernamentales como por ejemplo la Asamblea por los Ríos, y también de bocas de dirigentes de la oposición, como el diputado nacional Martín Berhongaray.

Aunque fue un ignoto funcionario mendocino el que salió a responder esas advertencias, el vicepresidente del Ente de Turismo de esa provincia, Federico Zamarbide, bien resumió lo que esa provincia piensa y pretende: "La Pampa no tiene por qué opinar", dijo muy suelto de cuerpo.

La Pampa tiene que opinar, vigilar, e insistir para que se respeten sus derechos en la materia, sobre todo porque hay a mano un ejemplo de cada día que refresca de lo que es capaz la provincia cuyana cuando se trata de maniobras para apropiarse de los recursos hídricos: el Atuel sigue siendo un río robado y tan impune es el obrar mendocino que ni siquiera se aviene a cumplir con un fallo de la mismísima Corte Suprema de Justicia.

Con semejantes antecedentes en el archivo, controlar, incidir y hasta sospechar se convierten en una obligación.

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