Opinion

Planta de biomasa: ante las dudas, una saludable suspensión

El área de Ambiente accedió a un pedido de transparencia opositor y postergó el trámite en Lonquimay, aunque quedan otros interrogantes.

El gobierno provincial, por medio de la Subsecretaría de Ambiente, accedió a una postergación de la audiencia pública que iba a poner bajo análisis el estudio de impacto ambiental para la instalación de una planta de biomasa en la localidad de Lonquimay.

La decisión, según las propias autoridades del área, obedeció directamente a un pedido formulado por el bloque de diputados y diputadas del radicalismo, que casi en el mismo acto en que formularon la petición mediatizaron también sus demandas.

En principio, debe entenderse como saludable que el oficialismo acceda a lo que desde la oposición se le reclama en aparentes buenas formas, aun cuando el pedido se haya conocido muy sobre la hora del trámite previsto, y pese a que la trascendencia que tuvo al menos en las últimas semanas.

Fue notable en los días previos que el interés que mostraron las autoridades de Lonquimay por explicar el proyecto -con el intendente Manuel Feito a la cabeza- se multiplicó en medios de comunicación y también en la población en general, puesto que por la cantidad de inscriptos para participar de la audiencia (más de 50 personas, según se dijo oficialmente) no puede deducirse que el tema hubiera estado justamente oculto bajo la alfombra.

Ya destacado ese aspecto no menor vinculado con la transparencia y la correspondiente información pública, lo que sí queda bajo interrogante tras la suspensión oficial es si al hacer esa jugada el gobierno reconoce de alguna forma que el radicalismo tiene razón en otra serie de planteos muy críticos que realiza al proceso.

Uno de los aspectos es que ciertos pasos que se dieron y algunas formas de la convocatoria se basan en una legislación que fue derogada en diciembre de 2019, lo cual es aceptado por el oficialismo aunque bajo la explicación de que cuando este proyecto comenzó a andar esa era la normativa en vigencia.

El otro cuestionamiento fundamental es que el gobierno no puso a disposición de la comunidad con herramientas y mecanismos accesibles el informe de impacto ambiental, ya que en general apeló a algunos mecanismos vetustos como la necesidad de visitar las oficinas públicas, sin hacer uso de tecnologías básicas y elementales para que pueda accederse a esa documentación a la distancia.

Bienvenido sea que ante esas dudas, la Subsecretaría a cargo de Fabián Titarelli haya definido otorgar unos días más de tiempo para el control, suspendiendo la audiencia, que todavía no tiene fecha. Pero no podrá quitarse el interrogante: ¿qué hubiera pasado si la oposición no hacía esa exigencia: el trámite hubiera continuado aun con esos defectos que el oficialismo parece admitir en este mismo acto?

La definición de una suspensión consensuada parece ser el resultado de que el Estado provincial y local parecen haberse tomado muy en serio la necesidad de esa planta de biomasa, tanto por los resultados esperados justamente en pos de un beneficio ambiental y por la generación de fuentes de empleo con un impacto que -dice el informe- es menor.

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