Opinion

Una equidad que se hizo esperar y una oposición llamativa

En plena crisis, una presencia estatal garantiza relativo alivio para sectores trabajadores: se decidió la equiparación laboral de quienes cumplían funciones en el marco de la ley 2871; en la Legislatura, sorpresivas resistencias a una ley de Seguridad Ciudadana de avanzada: el radicalismo queda parado en la misma vereda que el PRO y el tiernismo.

Una de cal…

En un contexto de crisis e incertidumbre, un panorama caracterizado no solo algunas realidades que agobian sino especialmente por los desánimos, es más que saludable el hecho de que el gobierno provincial y los gremios hayan acordado la equiparación laboral de trabajadores y trabajadoras que cumplían funciones en el marco de la ley 2871.

Ese reconocimiento, tardío pero efectivizándose en un momento donde la estabilidad es al menos el piso de un horizonte de deseos de empleados y empleadas, fue saludado por los sindicatos involucrados -especialmente el de Salud- y convertido en un proyecto de ley por el gobierno provincial, que venía evaluando la medida, consciente de los derechos laborales y también del costo fiscal.

En alguna medida es una nueva demostración de algunas de las bondades que implica esa realidad de un Estado presente para definir sobre la calidad de vida de pampeanos y pampeanas: hay circunstancias específicas, episodios concretos, donde lo que a veces puede sonar a frase repetida o lugar común se vuelve un hecho efectivo y potente que afecta de manera directa -en este caso para bien- lo cotidiano.

En la semana que se fue el Estado provincial tuvo para presentar varias situaciones que se inscriben en ese rumbo, donde la apuesta a una presencia estatal genera resultados satisfactorios, lo cual desde ya no implica que no se vean las carencias, las limitaciones, los problemas y a veces las frustraciones o fracasos (como ejemplo de esta misma situación, el gobierno salió a buscar en estas horas empresas interesadas en explotar la ex fábrica de Calzar, que en algún momento se daba por hecho que sería ocupada productivamente por John Foos).

Pero en la semana que se fue, varias novedades alentadoras hubo en el área de Salud: además de la aludida incorporación laboral que tiende a la equidad, comenzó con éxito la vacunación pediátrica de niños y niñas que tienen entre 6 meses y 3 años.

Hoy parece muy naturalizado que el régimen de vacunación se desarrolle con normalidad y de modo diligente, pero cuando todo ese proceso comenzó hubo que escuchar tanto ruido que no está mal cada tanto darle un lugar en la memoria a la agitación que provenía de diversas fuentes y que apuntaba a distintos aspectos: puede decirse a esta altura que la Salud Pública venció, incluso culturalmente, no solo a la ofensiva antivacunas sino a la embestida de las posiciones políticas del odio.

Otra cauta celebración merece la notable caída del índice de mortalidad infantil en La Pampa. La provincia ha sido históricamente ejemplo en ese sentido, pero en esta esta ocasión no solo se celebra por el concreto dato estadístico sino por una serie de razones y políticas articuladas que hicieron posible este paso adelante, entre ellas el descenso de la cantidad de embarazos adolescentes y la aplicación de la Educación Sexual Integral.

…y una de arena…

Finalmente, y después de un parate poco justificable, avanzó en la Legislatura la Ley de Seguridad Ciudadana, pero llamativamente con una resistencia de distintos espacios de la oposición política.

El paso que puede dar la democracia pampeana es histórico, puesto que se trata de una deuda institucional a esta altura inaceptable: el accionar policial y las reglas básicas sobre la Seguridad siguen enmarcadas en La Pampa en las normas jurídicas de facto heredadas de la última dictadura.

El retraso y la inacción de gobiernos anteriores fueron afrontados por la actual gestión, con una labor caracterizada por el pluralismo y la consulta a numerosos organismos vinculados con ese accionar, desde personas expertas en la materia hasta organismos de Derechos Humanos, pasando por municipios y autoridades nacionales.

En general no existen dudas de que se tomaron los posicionamientos de esos espacios, y que la iniciativa -aunque siempre perfectible con el paso del tiempo y a partir de su puesta en marcha- es de avanzada en cuanto a su perspectiva en Derechos Humanos y de Género.

A partir de la presentación en la Legislatura sin embargo hubo demoras y cuestionamientos, incluso dentro de algunas líneas del oficialismo, que sugirieron por ejemplo atender los planteos de círculos policiales, en un contexto en el que algunas pujas internas del partido del gobierno dispararon hasta celos políticos entre distintas facciones.

Pasado ese terremoto, en la reunión de comisiones de la semana que se fue lo que apareció es la resistencia opositora, con argumentos que no se habían escuchado, que sorprendieron, que resultan incluso ambiguos y contradictorios, sobre todo porque además ubican en la misma vereda al tiernismo, al radicalismo y al macrismo.

La oposición resentida del tiernismo se veía venir, porque es agitada todo el tiempo y la dirigencia del espacio pretende erigirse en una suerte de representación de la vieja Policía, también bajo la conciencia de que hay en ese sector parte de su base electoral, cautivada por el rancio manodurismo fogoneado desde el sector.

El macrismo de algún modo comparte y compite por esa mirada ideológica, entonces buscó argumentos parecidos y pone palos a la ley bajo el argumento de que no garantiza una mejora de los salarios policiales, asunto que en rigor nada tiene que ver con una normativa de este tipo.

Lo que más sorprendió es que a ese mismo carro se subiera el radicalismo, aunque de todos modos no anunció que votará en contra sino que se reservó la decisión para tomarla directamente en el recinto, pero aparecer en la historia en el bando contrario de esta reforma de avanzada sonaría descabellado y una oportunidad perdida para un partido que se jacta de sus costados más democráticos.

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