Opinion

Poder Judicial: un cambio que se pide a gritos

La necesidad de una reforma de la Corte Suprema de Justicia para que el máximo organismo judicial se adecúe a los tiempos, e incorpore el federalismo y la paridad de género.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto cobró fuerte protagonismo al ser uno de los voceros del encuentro que él y 16 de sus pares mantuvieron con el presidente Alberto Fernández para respaldar un proyecto que busca modificar el actual funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

El jefe del Ejecutivo resumió en la conferencia de prensa posterior al encuentro lo que es también una demanda social: un máximo organismo judicial ágil, eficiente, moderno, federal y con paridad de género.

La preocupación por la calidad institucional no aparece en los primeros planos de la comunidad, y por ende tampoco entre la dirigencia política, cuando la crisis social y económica genera necesidades de mayor urgencia y la vida cotidiana en muchas casos se transforma en una emergencia.

A lo mejor justamente por eso es que esta intención oficialista de avanzar en este ámbito cobra mayor importancia, por más que no está exenta de intereses políticos, incluso legítimos.

La Corte Suprema de Justicia, ya se ha escrito reiteradamente en este espacio, deja mucho que desear en cuanto a su funcionamiento e integración: caracterizada por su centralismo y su machismo, disfruta del alivio de la opinión pública porque la crisis distrae sobre estos asuntos que parecen secundarios y porque cuenta con el indisimulable favor de los medios corporativos que la protegen.

Se ha generado en ese sentido una alianza poco cristalina que no le hace nada bien a la democracia: el pacto explícito o tácito entre los medios dominantes, la principal oposición política y las principales referencias del Poder Judicial convierten a esa coalición, no pocas veces, en una suerte de gobierno paralelo.

No es ningún secreto que el Poder Judicial es el menos democrático de los poderes, puesto que no solo no depende de la adhesión popular para su funcionamiento sino que goza de privilegios extraordinarios, desde el no pago de ciertos impuestos hasta la permanencia inamovible en los cargos.

Esa situación tiende a que quienes mejor se acomodan en el Poder Judicial conformen una suerte de casta, en el que las conductas clasistas no son extraordinarias, sino más bien la regla cotidiana.

Solo desde ese lugar es entendible, por ejemplo, que el ministro Carlos Rosenkrantz se jacte de su planteo de que de ningún modo detrás de una necesidad puede haber un derecho, además con una argumentación de una debilidad mayúscula, aunque sin perder energías en la mirada discriminatoria.

Rosenkrantz es claramente una cara del privilegio: llegó a la Corte primero por la ventana porque el gobierno anterior cometió la tropelía de designar jueces por decreto (aunque después el Congreso avaló su nombramiento), y después de un largo recorrido en representación de las multinacionales, corporaciones y grandes empresas (el establishment) que no solo manejan multimillonarios recursos sino que son el poder fáctico y quienes muchas veces gobiernan por medio del lobby y la cercanía con los organismos que toman las decisiones más importantes.

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