Políticas de Género: denuncian la "falta de compromiso" del Ejecutivo municipal

Ex funcionarias del área de Políticas de Género, que desempeñaron la función pública entre el 2008 y el 2019, denunciaron que el Ejecutivo municipal muestra una "falta de compromiso" con las políticas de género y advirtieron que la falta de resolución en el extendido conflicto del área "debilita y desacredita al organismo". Revelan además que interpretan la situación generada como "violencia institucional".

Las autoridades que precedieron a la actual gestión manifestaron su "preocupación" y solicitaron que "con urgencia" el intendente Luciano di Nápoli y el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa "resuelvan el conflicto laboral" que atraviesa la actual Dirección de Políticas de Género y Diversidad.

"Entendemos que la extensión en el tiempo de esta situación con el personal demuestra una falta de compromiso del Ejecutivo en un área sensible y prioritariamente necesaria por las problemáticas que debe abordar diariamente", advirtieron Mónica Molina, Fabiaña Montañez y Carina Verdasco.

En un documento que hicieron público advirtieron que "la ausencia de una resolución no hace otra cosa que provocar incertidumbre y agudizar las graves consecuencias que tienen las situaciones de violencia, que particularmente afectan a mujeres y disidencias de sectores populares".

"Advertimos que el municipio en cabeza de sus autoridades es responsable de la integridad de las personas que requieran de la atención y cuidados de las problemáticas que allí se traten", añadieron las exfuncionarias del área.

Aseveraron que "la falta de respuesta a las demandas que el personal viene exponiendo y que son de público conocimiento debilita y desacredita al organismo, lo que constituye un enorme retroceso en materia de políticas con perspectiva de género".

"Entendemos que cada gestión establece prioridades y tiene estilos para conducir sus acciones de gobierno, lo que no puede aceptarse es que la comunidad y específicamente quienes requieren acceder a la DPGyD no tengan en claro cuáles son sus políticas", insisten.

"Consideramos que los equipos técnicos calificados en la tarea de prevenir, atender las cuestiones que impactan en la vida de las mujeres y personas disidentes no pueden ser vulnerados en sus condiciones laborales, ni perseguidos por reclamar por sus derechos. Claramente constituye violencia institucional", asevera el documento.

La DPGyD es un área que "tuvo en los últimos años un desarrollo importante poniendo la agenda de género en la centralidad de las políticas públicas en La Pampa. Fue jerarquizada en el organigrama municipal, a la vez que incorporó personal específico porque así lo requería la agenda, estableció ámbitos de trabajo intersectorial e interdisciplinario para el abordaje de las problemáticas, como el Consejo Municipal de Políticas de Género creado por resolución 154/2010 del Ejecutivo Municipal, que no está funcionando", enumeran. 

"Por ello, urge que este conflicto encuentre un cauce de respeto a los derechos de las trabajadoras que allí se desempeñan, y fundamentalmente bregamos que se arbitren las condiciones necesarias para no resentir los servicios que allí se deben brindar", completan.