Ratificación de rumbo y reinstalación de una disputa

Una de cal…

El gobierno nacional volvió a dejar sentada una postura que al fin contempla los intereses de La Pampa respecto de sus recursos hídricos: la exposición del jefe de Gabinete ante el Senado nacional y posteriores declaraciones del presidente Alberto Fernández confirman que la obra Portezuelo del Viento no avanzará si no es con el visto buena de nuestra provincia y del resto de las que componen la cuenca del Río Colorado.

Durante su visita a nuestra provincia, Alberto Fernández había sido bastante claro y contundente en ese sentido, pero la constante historia de desengaños, malas interpretaciones o ambigüedades abre siempre un motivo para volver a mirar de reojo lo actuado en las máximas instancias de los poderes de decisión.

Fue por esa misma razón que La Pampa desconfió semanas atrás, luego de que Nación terminara enviando a la provincia de Mendoza los fondos destinados a la continuidad de la obra de Portezuelo: ese recelo de nuestra provincia se tradujo hasta en un Twitter insultante del exgobernador Carlos Verna, en un momento por demás inoportuno puesto que su sucesor Sergio Ziliotto estaba en ese mismo instante en comunicación con el presidente.

La explicación oficial fue en ese momento que había un pacto contraído por la administración anterior que no podía anularse así como así, y que -en síntesis- al gobierno nacional no le quedaba otra que cumplimentar ese trámite.

Después, cuando cambió el escenario a partir de una convocatoria del COIRCO, el gobernador pampeano destacó del presidente su cumplimiento de la palabra, y en este caso puntual parece asistirle la razón, puesto que los planteos del jefe de Gabinete Santiago Cafiero fueron en el mismo sentido que el compromiso albertista adoptado en La Pampa.

El propio presidente respondió una vez más sobre el tema durante la semana que se fue, cuando en un interesante contacto con periodistas de todo el país (una práctica federal que en este caso consistió en atender inquietudes de distintas jurisdicciones de Radio Nacional) contestó a un planteo mendocino respecto de la obra y dejó en claro que no habrá avances posibles si no existe consenso con La Pampa y las otras provincias.

La razón está muy claramente del lado de La Pampa, y también en las últimas horas reforzó ese posicionamiento la provincia de Río Negro.

A esta altura, la única y verdadera incógnita es si algún estudio de impacto ambiental considerará que esa obra es factible de ser hecha sin afectar la subsistencia del Río Colorado, o si directamente habrá que despejar toda duda y resolver que Portezuelo del Viento no tiene razón de ser.

El otro aspecto de inevitable influencia a la hora de determinar ese destino final del emprendimiento es el económico: el sueño de Portezuelo creció especialmente en la etapa macrista cuando se puso en primer plano que también era un gran negocio, pero otra es la realidad del país y de las arcas estatales a la luz de la pandemia y sus perniciosos efectos.

…y una de arena…

Las principales instituciones de la provincia de La Pampa parecen ir a la vanguardia en el marco de una disputa que aunque parece salida de la máquina del tiempo se instaló otra vez en la agenda pública porque el Estado nacional dio un paso en falso, cuyas intenciones son todavía motivo de especulaciones.

A resultas de esa situación, el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Legislativo y el Superior Tribunal de Justicia ratificaron sin medias tintas la certeza –asentada en la legislación vigente y en convenios internacionales que tiene firmado el Estado nacional- de que la prostitución no es un trabajo, sino una violación a los Derechos Humanos.

Hay sectores políticos y sociales, incluso integrantes del movimiento feminista, que lucen empeñados en que esa explotación sexual sea considerada un “trabajo” y lograron que días atrás el Ministerio de Desarrollo Social incluyera la figura de la “prostitución” como una de las variables del “trabajo” posible dentro de la Economía Popular.

A partir de la trascendencia que tuvo esa situación, el propio gobierno nacional dio marcha atrás, pero con el daño ya hecho, puesto que reinstaló un debate que ya no existía y obligó a argumentar sobre aspectos ya documentados, explicados, legislados y resueltos.

A esa situación se suma la evidencia de que agrupaciones y personas enroladas en el llamado reglametarismo han llegado a lugares de influencia y han sido empoderadas incluso en el área del nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Guste o no, es un asunto que seguirá ocupando la agenda pública, y que se reforzará por la conveniencia de los sectores interesados en imponer esa nueva lógica para la explotación sexual que vulnera la dignidad humana (entre ellos, el proxenetismo que hace pingües negocios con el cuerpo de las mujeres víctimas).

En ese marco, quienes sostienen el abolicionismo y las decisiones ya tomadas por el Derecho se ven en la obligación de sostener con más fuerza los principios que establecen que, efectivamente, la prostitución no es trabajo, sino una forma extrema de las violencias patriarcales.

Saludable resulta que en ese contexto, y aun cuando sus posicionamientos sean un tácito enfrentamiento con lo mal actuado por el gobierno nacional, los tres poderes de la democracia en La Pampa hayan marcado el camino que, es de esperar, resuene en el resto del país.

El Ejecutivo por medio de la secretaria de la Mujer Liliana Robledo, el Legislativo en boca del vicegobernador Mariano Fernández y el Judicial en la figura del presidente del STJ José Sappa hicieron oír su voz para desechar cualquier intento de disfrazar de “trabajo” a la explotación sexual.

Como sobreviviente de esa explotación, la activista Sonia Sánchez soltó durante una entrevista que sobre el tema le hicieron en Radio Kermés una pregunta retórica que dispara claras respuestas en el mismo sentido, y que es un rico resumen de la cuestión: “¿cómo diablos la prostitución va a ser un trabajo? ¿Chupar penes es un trabajo? Parece que para el señor Daniel Arroyo, sí, pero claro… él no debe chupar penes”.