Secuestran drogas y elementos robados en General Acha
El fiscal federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, solicitó que se desestime una denuncia contra el registro de usuarios de cannabis medicinal.
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EL DIARIO digital
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La denuncia de Juan Carlos Tierno fue cuestionada desde una visión de la salud pública porque “el uso de productos medicinales derivados del cannabis tienden a mejorar la salud pública de la sociedad -es decir, del bien jurídico protegido- y no puede ser castigado penalmente”.
Gómez Barbella también advirtió el peligro que genera la "judicialización de la política" ya que la denuncia refiere a los actos de gobierno y aclaró que "tales decisiones" quedan enmarcadas en "cuestiones políticas no judiciables".
El exministro de Seguridad de La Pampa presentó una denuncia federal por “apología e instigación a cometer delitos, asociación ilícita y abuso de autoridad” por haber sancionado la ordenanza que crea un registro de usuarios de cannabis medicinal en la capital provincial.
La regulación establece un marco regulatorio para la registración de personas usuarias de cannabis con fines medicinales, otorga al Intendente las facultades para celebrar convenios con organismos e instituciones vinculadas a la temática y crea un Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal de carácter interdisciplinario, conformado por usuarios y familiares, profesionales, miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo, universidades y ONGs con el fin de brindar transparencia y garantizar el derecho de acceso a la salud.
Para Tierno “lo establecido va en contra de la ley de estupefacientes (N°23.737)” ya que permitiría la plantación de marihuana “a nivel domiciliario y/o particular, como así también municipal”.
Sin embargo, la fiscalía federal entendió que esa ley “castiga las conductas relacionadas al tráfico y comercialización de drogas con el fin de proteger a la sociedad del acceso a sustancias que crean adicción y perjudican la salud de la comunidad”, supuestos que no se dan en la ordenanza sancionada.
Para Gómez Barbella esos delitos no se producen porque “el uso de productos medicinales derivados del cannabis tienden a mejorar la salud pública de la sociedad -es decir, del bien jurídico protegido- y no puede ser castigado penalmente”.
Medicinal
El fiscal Gómez Barbella sostuvo la necesidad de “priorizar, claramente, una mirada sanitarista frente al punitivismo de la ley de Estupefacientes y analizar la actividad en el marco de las nuevas normativas que rigen en nuestro país”.
A su vez, resaltó la importancia de considerar “otras legislaciones como la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados (N° 27.350), que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados”.
Además, en el dictamen se citaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "reunió en los últimos años evidencia científica sobre el uso terapéutico y los efectos secundarios del cannabis y sus componentes”.
El fiscal mencionó en el documento las diferentes legislaciones que reglamentaron el autocultivo de cannabis para el uso terapéutico que existen en distintas jurisdicciones del país, como así también de lugares donde está previsto que sean debatidas normas en esa línea.
La fiscalía también se pronunció acerca del peligro de la “judicialización de la política”, ya que lo denunciado se circunscribe “a la esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables, donde no le corresponde al Poder Judicial o Ministerio Público Fiscal la evaluación de políticas de salud llevadas adelante por los demás poderes de los Estados Nacional, Provincial o Municipal”.
