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EL DIARIO digital
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La megacausa internacional que vincula al financista y empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado con el diputado nacional José Luis Espert sumó dos capítulos judiciales determinantes en las últimas horas, tanto en los Estados Unidos como en los tribunales federales de la República Argentina.
Por un lado, la Justicia de los Estados Unidos aceptó formalmente la declaración de culpabilidad de Fred Machado por los delitos de lavado de dinero y fraude. El empresario, detenido en la Argentina en 2021 y posteriormente extraditado, reconoció ante las autoridades norteamericanas su rol en un complejo entramado financiero y de adulteración de matrículas de aviones que, según los investigadores de ese país, prestaba apoyo logístico a organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.
Casi en simultáneo, la onda expansiva del caso impactó de lleno en los tribunales de Comodoro Py. La Justicia argentina resolvió que el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, continuará bajo investigación formal en la causa penal que rastrea presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al financiamiento de su campaña presidencial del año 2019.
A pesar de los reiterados planteos y alegatos presentados por la defensa del legislador para lograr el cierre definitivo de la pesquisa, los magistrados rechazaron el pedido de sobreseimiento. De esta manera, el referente político mantendrá la totalidad de sus bienes embargados mientras la Justicia avanza en el entrecruzamiento de datos económicos.
La investigación local busca determinar si los fondos y los servicios logísticos provistos en su momento por el entorno de Machado entre ellos, el uso de un avión privado para las giras de campaña formaron parte de una estructura de blanqueo de capitales originados en actividades ilícitas. Con la confesión de Machado en EE.UU. ya ratificada y el revés judicial para Espert en los tribunales nacionales, el expediente ingresa en una etapa de definiciones clave para determinar el grado de conocimiento y responsabilidad del diputado sobre el origen del dinero.