Aumentó el uso de la capacidad instalada de la industria en junio: el desglose de los sectores
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EL DIARIO digital
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El sobreendeudamiento de las familias es uno de los problemas sociales y económicos más acuciantes en la Argentina actual. Lejos de ser un mecanismo transitorio para la adquisición de bienes durables o la inversión en el hogar, el crédito se transformó en los últimos años en una dramática estrategia de supervivencia para millones de hogares que recurren a préstamos para cubrir sus necesidades básicas.
Este fenómeno, impulsado por la sistemática erosión del poder adquisitivo, está generando un escenario de creciente tensión social, severos problemas de salud mental e incluso un alarmante riesgo de aumento en la violencia intrafamiliar.
La gravedad de la situación obliga a un análisis riguroso de sus causas y consecuencias, así como a la urgente formulación de una respuesta estatal integral.
Diversos informes e indicadores recientes trazan un panorama devastador sobre la velocidad del endeudamiento familiar. Seis de cada diez personas en nuestro país solicitan créditos para cubrir necesidades esenciales: la compra de alimentos, el pago de servicios públicos y alquileres, la cobertura de tratamientos médicos e indispensables gastos cotidianos y, de manera preocupante, para saldar deudas anteriores. Este último punto configura el destructivo fenómeno del "recrédito" (tomar nuevos préstamos para intentar saldar compromisos previamente contraídos), que representa el síntoma más claro de una espiral de sobreendeudamiento sin salida aparente.
Esta problemática trasciende la esfera puramente económica para transformarse en un peligroso catalizador de conflictos sociales. La deuda en mora de las familias argentinas alcanzó en junio el 17,5%, de acuerdo con el Mapa de la Deuda publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung. Las cifras son claras: el monto promedio de deuda por persona registró un aumento del 60% real en junio, mientras que el 35% de la deuda en mora presenta un atraso superior a los 365 días. La crisis golpea con especial dureza a los jóvenes: casi 4 de cada 10 menores de 25 años registran severos atrasos en sus pagos.
Acorraladas por la imposibilidad de cumplir con el sistema formal, muchas familias derivan hacia fuentes informales de financiamiento, casas financieras con tasas usurarias o prestamistas barriales vinculados al narcotráfico, expuestas a una extrema vulnerabilidad.
Frente a un desafío de esta magnitud, resulta imprescindible observar experiencias internacionales de intervención pública. No se trata de un acuerdo de privados, porque ya se transformó en un problema de mayorías.
En este sentido, el reciente lanzamiento de la segunda fase del programa "Desenrola Brasil", implementado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ofrece un antecedente sustancial: fijó un tope a los intereses de tarjetas de crédito y permitió a personas de hasta dos salarios mínimos renegociar deudas en hasta 60 meses con tasas muy bajas.
La Argentina debe articular de forma urgente un plan estratégico de inclusión financiera sustentado en tres pilares: regulación y protección del consumidor con topes a la usura; oferta masiva de microcrédito social a tasa subsidiada con garantía pública para reemplazar pasivos abrumadores; e inclusión financiera integral con educación y asistencia legal.
Sin una política pública transformadora, el crédito desregulado seguirá profundizando la desigualdad y poniendo en juego el futuro de millones de familias argentinas.
