La UBA pidió a la Corte "se expida a la mayor brevedad" sobre la Ley de Financiamiento
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EL DIARIO digital
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La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo de alto voltaje judicial. Se revelaron una serie de contactos —vía WhatsApp y llamadas— entre el ministro coordinador y Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las millonarias reformas en su vivienda del country Indio Cuá.
Según consta en el expediente, Adorni intentó influir en la preparación del testimonio de Tabar antes de que este se presentara en Comodoro Py. "Podés contar conmigo para lo que necesites. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado", fue uno de los mensajes que el funcionario le envió al constructor, bajo la premisa de que la causa era puramente "política".
El límite de la legalidad
A pesar de la gravedad del contacto, fuentes judiciales confirmaron que Adorni no enfrentará consecuencias inmediatas por estos mensajes. El fiscal Gerardo Pollicita desestimó en menos de 24 horas un pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano, quien acusó al jefe de Gabinete de entorpecimiento a la Justicia.
Desde el juzgado consideraron que, "en los hechos", el testigo no se dejó influenciar: Tabar rechazó la ayuda legal de Adorni, aportó toda la información sobre los pagos y entregó su teléfono personal para que la Justicia recupere los mensajes que habían sido borrados o enviados en modo temporal.
245 mil dólares "cash"
La declaración de Tabar fue demoledora para la defensa del vocero presidencial. El contratista ratificó que el costo de la remodelación en el barrio privado ascendió a 245.000 dólares, una cifra que para la denuncia no se condice con los ingresos declarados por el funcionario.
Además de la obra en el country, se supo que Tabar realizó trabajos de carpintería de lujo en el departamento de Adorni en el barrio de Caballito a fines de 2025, incluyendo muebles a medida con mármol y maderas nobles.
El peritaje clave
El juez Ariel Lijo ya ordenó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) realizar un análisis profundo del dispositivo del contratista. El objetivo es recuperar la totalidad de las conversaciones que Adorni intentó mantener bajo reserva.
Este escándalo nacional es el que el subsecretario pampeano Javier Weiz utilizó recientemente para marcar la cancha en la interna local, exigiendo explicaciones a los referentes de La Libertad Avanza en la provincia sobre el origen de estos fondos y la conducta ética del jefe de ministros.
