El Gobierno envió al Congreso la "Ley de Hojarascas" para eliminar 70 normas obsoletas
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EL DIARIO digital
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La mañana de este viernes 27 de marzo, el edificio de la TV Pública se convirtió en el escenario de un nuevo capítulo judicial que sacude la cúpula del Gobierno nacional. Por orden del juez federal Ariel Lijo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desembarcaron en la emisora con un oficio para secuestrar documentación clave en la causa que investiga al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El foco de la Justicia está puesto en la relación entre Adorni y el periodista Marcelo Grandío. La hipótesis que maneja la fiscalía apunta a determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública, tras un viaje privado que ambos compartieron a Punta del Este.
Contratos bajo la lupa
El procedimiento de hoy buscó recolectar los contratos de la productora de Grandío con el canal oficial. Los investigadores intentan establecer si el pago de aquel vuelo a Uruguay fue, en realidad, una contraprestación encubierta por los millonarios contratos que el periodista mantiene con el Estado.
Sin embargo, el requerimiento judicial no se limitó a los números. La PSA también retiró ingresos y egresos de Grandío al canal para verificar si el periodista cumplía con sus tareas o gozaba de una estructura de beneficios irregulares gracias a su amistad con el Jefe de Gabinete.
El factor Lijo
La firma del juez Ariel Lijo en la orden de presentación marca la relevancia que ha tomado la causa en las últimas horas. Desde el entorno de Adorni mantienen el hermetismo, mientras que en la TV Pública el clima es de máxima tensión ante la posibilidad de que la investigación derive en nuevas imputaciones para funcionarios de la Secretaría de Medios.
Por ahora, la documentación secuestrada será analizada por peritos contables para cruzar fechas entre los pagos de los vuelos privados y las renovaciones de los contratos de la productora de Grandío.
