Macri: "El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La situación judicial del jefe de gabinete, Manuel Adorni, se complicó en las últimas horas tras conocerse detalles sobre el financiamiento de su viaje a Uruguay durante el último feriado de carnaval. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita acreditaron que el vuelo de ida en un jet privado fue cancelado por la productora Imhouse SA, perteneciente al periodista Marcelo Grandio, quien actualmente mantiene vínculos contractuales con medios públicos.
Según la documentación entregada por la empresa de vuelos Alpha Centauri SA, el pago de la ida ascendió a 6.984.180 pesos, equivalentes a 4.830 dólares. Esta revelación contradice las versiones iniciales del funcionario y pone el foco sobre una posible dádiva, dado que la firma que costeó el traslado opera en el ámbito estatal. Por su parte, el tramo de regreso habría sido abonado por un tercero cuya identidad aún no trascendió, aunque se estima que el costo total del operativo familiar superó los 8.000 dólares.
En el marco de la investigación, el fiscal Pollicita solicitó la declaración testimonial de Grandio, quien ofreció explicaciones contradictorias en medios de comunicación. "Lo pagó con plata del estado. Me lo pagó a mí y yo le pagué a la compañía. Tengo el recibo del recibo", afirmó inicialmente el conductor, para luego intentar rectificar diciendo que Adorni utilizó fondos propios. Grandio detalló que mantiene una amistad de 15 años con el ministro coordinador y que ya ha realizado viajes similares anteriormente, incluso con el actual presidente Javier Milei en 2022.
Paralelamente, la justicia ordenó a las autoridades del Aeropuerto Internacional de San Fernando remitir las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de Migraciones y Aduana. Se busca reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si el funcionario y su familia cumplieron con los trámites de ley. La denuncia original fue impulsada por los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, quienes cuestionan la compatibilidad de estos gastos con el sueldo de 3.500.000 pesos del jefe de gabinete.
A este escenario se suma una ampliación de denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada por la diputada Marcela Pagano. La misma señala que Adorni no incluyó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción una vivienda de dos plantas en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad figuraría a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, desde noviembre de 2024. Según el escrito, el inmueble se ubica cerca del hoyo 17 de la cancha de golf y las expensas del lote 380 ya se liquidan a nombre de la cónyuge, incumpliendo el artículo 6° de la ley de ética pública.
